El PRI no tiene opción.

O pugna e impulsa el castigo contra la corrupción, que el gobierno ha iniciado mediante acciones de inconstitucionalidad contra varios gobernadores, o se prepara para entregar el poder dentro de dos años.

Al PRI, uno de los partidos más longevos del mundo, se le acabaron las oportunidades frente a todo. No tiene credibilidad. Carece de consenso. El apoyo social que tenía ha disminuido considerablemente. El poder del gobierno está dividido. El aparato de éste ya no está completo en manos del hombre que llevó a la primera magistratura.

Además, tiene conflictos explosivos por doquier. Su larga permanencia, pero sobre todo la desbordada prevaricación de muchos de sus integrantes, no le dan viabilidad a este momento para mantenerse. Se lo demostró la ciudadanía en las urnas el pasado 5 de junio, su peor ruina electoral desde la alternancia del año 2000.

Consciente de esa realidad, enterado de los excesos legislativos de los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, sensible ante las exigencias sociales de que no deben quedar impunes los actos ilícitos en los que habrían incurrido, el gobierno federal inició acciones de inconstitucionalidad contra ellos y los congresos de sus estados, en lo que parece una decisión de llamarlos a cuentas.

Ese anuncio es espectacular, indudablemente. Tiene una cobertura muy amplia. Es eminentemente político-mediático en lo inmediato. Pero no es suficiente. Para que empiece a ser medianamente creíble, debe pasar a la etapa mediático-judicial. Ni el PRI, ni el gobierno pueden permitir que este asunto se convierta en una burla más a la ciudadanía. Les iría peor, consensualmente hablando, que después de montar un show inconstitucional, el manto de impunidad cubriera a Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez.

El costo que pagarían en lo inmediato, fundadamente previsible, sería una debacle electoral en el Estado de México en 2017, y la pérdida inevitable de la Presidencia de la República en 2018.

Ellos, pero especialmente los de Veracruz y Quintana Roo, según un cúmulo de informaciones, abusaron como nadie jamás lo habría hecho desde el poder. Hicieron de su cargo un negocio. Para sí, sus familias y sus amigos. Incurrieron con esa práctica en la peor degradación del poder. Pues éste, siendo público, lo privatizaron. Las ganancias fueron para ellos. Socializaron las pérdidas.

Lo peor es que lo hicieron en un ambiente del cinismo extremo. No cuidaron las formas. Se ufanan de sus perversidades político-administrativas-judiciales-legislativas. Arrogantes, creyeron que lo podrían hacer todo por siempre.

No obstante, los medios los denunciaron, algunas voces los reprobaron, y la ciudanía, consciente y cansada de tantos abusos, exige que se les castigue.

Lo menos que merecen es estar en la cárcel. Sin que los mencionados sean todos, por supuesto. Algunos que tendrían que entrar en la lista de condenables son Rodrigo Medina, que saqueó Nuevo León, el panista Guillermo Padrés, que hizo lo mismo en Sonora y Marcelo Ebrard, perredista que quebró las finanzas del DF. Otro que debe poner sus barbas a remojar es Aristóteles Sandoval, cuyo cinismo y excesos son tan patentes como ofensivos.

Los intentos de penalizar a quienes han robado y traicionado a la sociedad, a su partido y a México, en este caso los mandatarios del PRI que están por dejar el cargo, no deben obedecer a la derrota de los candidatos a sucederlos, sino a una política de honestidad, rendición de cuentas, clara e integral. Que se haga patente en lo inmediato y de manera general desde el gobierno actual. Y que bien podrían impulsar los demás partidos.

Es imperativo que se acelere el procedimiento administrativo y judicial para encausarlos antes de que rindan protestas los gobernadores entrantes para evitar que el crédito y reconocimiento sea para ellos y no para el gobierno federal y el PRI.

Si al nuevo líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, le toca la ingrata tarea de hacer el trabajo de reacreditación, reconsensualización y recreación de su partido, está obligado a presionar en esa vertiente. Ya se ha pronunciado.

Si con base en su preparación, disciplina y experiencia comienza por “prestigiarse” a sí mismo, podría abonar mucho a la recuperación inmediata de su partido. Tendría toda la autoridad moral y política para afrontar ese desafío.

SOTTO VOCE… Pocos funcionarios como el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, han sido tratados públicamente con tanta deferencia por el presidente Enrique Peña Nieto. La demostración que recibió el miércoles fue por su capacidad, honestidad, lealtad y entrega a las instituciones… El acuerdo al que llegó el SNTE con la SEP ratifica que todas las leyes se deben modificar para perfeccionarlas. Esto deja sin argumentos a la CNTE para seguir con sus acciones violentas y violatorias de los derechos humanos… La carretera México-La Marquesa, una obra magna del gobierno federal, está terminada y lista para ser inaugurada. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ratificará con ello su vertiginoso y disciplinado ritmo de trabajo, lo cual le permite entregar resultados de excelencia.

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@mariobeteta

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