Decisiones e intromisiones

Gana must carry y must offer a derechos de autor. ¿Se acuerda usted de la discusión del must carry y el must offer y los derechos de autor? Las televisoras argumentaban que la obligación de los operadores de televisión de paga de llevar las señales de televisión abierta a sus suscriptores, y la relativa a los operadores de TV abierta de permitir la retransmisión de su señal de manera gratuita, violentaban los derechos de autor. La disputa jurídica tiene su origen en la supuesta contradicción que planteaban algunos preceptos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Derechos de Autor, pues esta última utilizó una redacción jabonosa que dispone que los autores y los organismos de radiodifusión podrán autorizar o prohibir la retransmisión de sus obras sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la LFTR y sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que correspondan. Confuso.

Esta controversia llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que le puso fin al tema la semana pasada, al resolver que los derechos de autor ya están pagados para la primera transmisión de TV abierta y no hay razón para volver a pagarlos por la retransmisión simultánea en el mismo lugar. Bien por la Segunda Sala que defendió el objetivo constitucional de la reforma con esta resolución.

Prórroga de concesiones de radio. Las cerca de 550 concesiones de radio que se vencen este año, tienen fórmula para la contraprestación. La metodología será la misma que la utilizada en 2009 con algunas variaciones que traerán incrementos a los montos:

1. La base poblacional que se utilizó en su momento fue la del INEGI 2000, ahora será la del 2010, con lo que obviamente aumenta.

2. Incrementa la vigencia de la prórroga de 10 ó 12 a 20 años.

3. El valor del radioescucha era de 50 centavos de peso y se ha venido actualizando mensualmente conforme al INPC.

Otra diferencia es que ahora no habrá pago en anualidades, tendrá que ser en una sola exhibición, de acuerdo a las leyes fiscales. Lo que aún queda pendiente es fijar el tope poblacional que se tomará en cuenta para la contraprestación que fue de 7,500,000 de personas en su momento. Veremos qué se define en este punto.

Lo bueno es que ya se están despejando las incógnitas para los radiodifusores. Así, el tema de la contraprestación y otros se trataron en el evento de la 89 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que tuvo lugar la semana pasada en el estado de Morelos. Inaugurado por el gobernador Graco Ramírez, y con la asistencia de muchas personalidades incluyendo a los directivos de la CIRT, a Gabriel Contreras, presidente del IFT y, como ya es costumbre en todos los eventos relacionados con telecomunicaciones y radiodifusión, no podía faltar la presencia activa de la Subsecretaría de Comunicaciones. La verdad ya no entiendo. ¿Qué no creamos un organismo constitucional autónomo que nos cuesta un dineral –el IFT- precisamente para evitar la contaminación política de las decisiones? Entonces, qué autoridad es hoy en día interlocutor con esta industria. ¿Por qué la Subsecretaría de Comunicaciones es ajonjolí de todos los moles: tenga o no tenga facultades sobre el tema que se trate, no solo asiste a las reuniones sino que participa activamente y da discursos y toda la cosa? ¿Qué mensaje contradictorio está dando el Estado Mexicano? ¿Es consciente el gobierno federal que está metiendo a la Subsecretaría hasta la sopa en un sector cuya regulación fue entregada constitucionalmente al Instituto, desoyendo así el cambio institucional de la reforma que el propio Presidente de la República impulsó?

Desde luego que no es un análisis que podamos hacer en este corto espacio, tómelo usted más bien como dudas domingueras que me han surgido después la participación de la Subsecretaría en acontecimientos en los que, la verdad, no entiendo qué tiene que decir más allá de confundir y dejar mal al Secretario Ruiz Esparza. El gobierno federal y el Instituto deben, claro está, llevar una relación de coordinación, pero parece que no se ha entendido el cambio estructural que la reforma pretendió hacer a nivel autoridades, como dirían Sabina y Serrat, ocupen su localidad. Mónica Aspe es una persona valiosa pero creo que está confundiendo su papel. La presencia de la Subsecretaría en todos los eventos da ese aliento a rancio a un sector cuyo manejo, supuestamente, cambiaría de tajo a nivel instituciones. Contradicciones y retrocesos. ¿Y la red compartida apá?

En la sobremesa. ¿Recuerda usted los nefastos lineamientos de clasificación de contenidos de televisión abierta y restringida de noviembre de 2015 que expidió la Segob? pues la jueza Silvia Cerón Fernández, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió parcialmente el amparo a Clara Luz Álvarez, reconocida experta en telecomunicaciones y madre de familia quien, a nombre propio y de sus hijos impugnó estos lineamientos. La jueza Cerón amparó para dejar insubsistentes los lineamientos Séptimo y Noveno, en cuanto a los horarios y por lo que hace a que el tiempo de la advertencia de contenidos ahora es sólo de 10 segundos. Se niega el amparo por considerar que Segob sí es la autoridad competente para expedir lineamientos, que no tenía que consultar con niñas y niños conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y que no son regresivas las clasificaciones en cuanto a lo que ahora señalan de violencia y adicciones. Esto no es definitivo aun, pues seguramente ambas partes presentarán recurso para intentar ahora que el Tribunal Colegiado complazca sus peticiones. Sin duda muy relevante el papel que están jugando los Tribunales Especializados en el sistema de contrapesos de este reorganizado sector. Seguiremos atentos del tema.

Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.

Esta columna refleja la posición personal de la autora

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