Oootra vez retrasan la Red Compartida

El viernes 15 de julio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones dieron a conocer, mediante un comunicado conjunto, que han vuelto a cambiar las fechas del proceso licitatorio de la red compartida mayorista a que se refiere la reforma constitucional de junio de 2013.

Hablamos del proyecto quizás más importante en telecomunicaciones —incluso de la historia de nuestro país— y que, de funcionar, cambiaría el ecosistema del sector. Involucra cerca de 7 millones de dólares de inversión y el espectro de la jugosa banda de los 700 MHz. Esta red sería desplegada por el consorcio ganador del proceso y explotaría el espectro vía arrendamiento que le otorgaría el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) recientemente creado y que hoy dirige Fernando Borjón, quien sería finalmente el concesionario de la banda de 700 MHz, ese fue el esquema que se diseñó.

Es la tercera vez que se modifican los plazos de las bases de esta licitación que ha dividido a la opinión entre los que auguran un desastre y los que creen que puede funcionar.

¿Por qué se cambiaron los plazos otra vez? Hubo cuatro rondas de preguntas y aclaraciones: el 6 de abril, el 19 de abril, el 15 de junio y el 1 de julio, en total fueron alrededor de 900 preguntas, en las últimas dos rondas sumaron 125. El 15 de junio, las empresas que formularon cuestionamientos a las SCT (respondidos el 1 de julio), fueron Rivada Networks, Ríos Ferrer-Llarena, Alestra y Comunicaciones Veta Grande (CVG), mientras que en la ronda del 8 de julio (cuyas respuestas fueron publicadas el 15 de julio), únicamente CVG y Rivada participaron.

En la ronda del 15 de junio, CVG y Ríos-Ferrer solicitaron a la SCT una ampliación de los plazos, el primero formuló: “dado que a la fecha de la presentación de estas preguntas aún no se ha publicado la facilidad financiera de Banobras para la Red Compartida, solicitamos que el plazo de presentación de las propuestas se debería retrasar al menos por un plazo de 30 días con objeto de poder disponer del tiempo mínimo necesario para cerrar la disponibilidad y condiciones de financiación y cartas de compromiso de la banca comercial que participe con cada Consorcio”.

Por su parte, Ríos Ferrer preguntó: “¿Cuál es la disposición de la SCT para aplazar un mes la fecha de entrega de la oferta (del 1 de agosto al 8 de septiembre)? Miembros potenciales del consorcio han expresado la necesidad de contar con tiempo adicional para satisfacer sus procesos internos.” A ambas preguntas la SCT respondió “no se acepta su solicitud a efecto de evitar postergar el primer hito de cobertura en el año 2018.”

Sin embargo, la SCT reculó. En la última ronda de preguntas, CVG insistió y solicitó un aplazamiento de al menos 8 semanas argumentando adicionalmente “las graves circunstancias que han afectado recientemente a los mercados financieros globales (el denominado Brexit y sus consecuencias) han creado una importante inestabilidad en los mercados de divisas y capitales que están dificultando y alargando los procedimientos de aprobación del imprescindible paquete de financiación que las entidades financiadoras han de proporcionar a los consorcios. Estos acontecimientos están totalmente fuera de control de los concursantes y de las entidades financiadoras…”

Así que finalmente sí se recorrió el calendario para quedar como sigue:

—12 de septiembre de 2016. Fecha límite para presentar la solicitud al IFT en materia de competencia económica

— 17 de octubre de 2016. Fecha para la notificación de las resoluciones en competencia económica.

— 20 de octubre. Presentación de propuestas y aperturas de ofertas técnicas

— 4 de noviembre de 2016. Resultado de la evaluación de las Ofertas Técnicas.

— 17 de noviembre de 2016. Fallo del Concurso.

— A más tardar el 27 de enero de 2017. Entrega de la concesión y celebración del contrato de APP.

Desde luego no nos deja a nadie un buen sabor de boca que se esté retrasando este importante proceso licitatorio. Lo cierto es que los escenarios, de no hacerlo, podían haber sido más complicados: una licitación desierta o quizás una sola empresa participante.

La fecha de inicio de operaciones del 31 de marzo de 2018 no se ha modificado, pero habrá que ver si es realista mantener las mismas fechas de despliegue y operación después de los aplazamientos.

Adicionalmente, existen algunos temas vinculados con la compartida que pueden influir positiva o negativamente y que aún no se conocen con certeza: la posibilidad de que las reglas de preponderancia de América Móvil se modifiquen eliminándose algunas de ellas o adicionando nuevas, y también la oferta en el mercado del espectro, en particular la licitación de la banda de 2.5 GHz que, aunque todavía no se define cuál será exactamente el esquema, las fechas concretas de su licitación, ni la contraprestación, lo cierto es que habría que analizar si una posible sobreoferta de espectro en este momento afectará la viabilidad de la compartida, pero exploraremos este tema en otra entrega. Por el momento esperemos que el proceso ahora sí ya no se retrase, también sería conveniente que la SCT diera un papel más activo a PROMTEL quien finalmente será el socio del ganador del proyecto.

En la sobremesa. IFT va contra bloqueo de FM en celulares. ¿Sabía usted que los teléfonos celulares tienen la capacidad de recibir las señales de radio FM? ¿Sabía que la mayoría de los equipos no las recibe por tener bloqueada la funcionalidad? ¿Adivine por qué? Porque así, si queremos escuchar la radio FM tenemos que hacerlo utilizando el streaming y con ello gastando nuestro plan de datos. En Canadá y Estados Unidos ya existen campañas para liberar la radio en los móviles. ¿Y México? Ayer, el Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una consulta pública sobre un proyecto de norma técnica que prohibiría que se restrinja la capacidad de recepción de FM en los celulares. Vale la pena apoyar este proyecto Cualquiera puede participar. Estará disponible hasta el 25 de agosto en su sitio web.

Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.

Esta columna refleja la posición personal de la autora

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