Vidulfo en campaña contra Vidulfo

Héctor De Mauleón

Durante un larguísimo año y medio, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales, rechazó la versión del gobierno federal que señala que los alumnos de la escuela Isidro Burgos fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, quienes habrían asesinado e incinerado “a un amplio número” de ellos en el basurero de Cocula.

“No les creemos a las autoridades, ni a su versión de los hechos. Seguiremos luchando hasta que aparezcan con vida los 43 alumnos”, dijo el abogado en el ya lejano enero de 2015.

Rosales se ha presentado desde entonces en diversos escenarios combatiendo la “verdad histórica” y exigiendo “que se investigue la participación el Ejército” en los sucesos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.

El defensor de los derechos humanos del centro Tlachinollan es uno de los personajes que en julio de 2015 encabezó la marcha que pretendió echar abajo las puertas del 27 Batallón de Infantería, para ver si en las instalaciones había algún rastro de los normalistas.

En enero de 2016, Rosales le dijo al periodista Miguel de la Vega que a pesar del peligro que entrañaban sus actividades, seguía en pie de lucha porque tenía un compromiso con los padres de los alumnos; le dijo que lo que faltaba para que éstos tuvieran paz era “la verdad, el esclarecimiento, que se les diga qué pasó”.

Rosales huyó del país en 2012, tras recibir amenazas de muerte por “difamar a las autoridades” y defender “a los vándalos Ayotzinapos”.

En 2014, en cuanto tomó la defensa de los padres de los 43 alumnos desaparecidos, el Cisen filtró a la prensa un documento que indicaba la relación del abogado con diversos grupos subversivos, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, entre ellos.

Según la filtración, Rosales era una de las columnas vertebrales del activismo en Guerrero. El abogado “participó en el acto público de responsabilidad en el que estuvieron dirigentes de organizaciones fachada del ERPI” y era asesor de cabecera, además, de la CETEG, la CRAC y el CECOP. Su “nivel de radicalidad”, se leía en el documento, resultaba “incómodo” para el gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero.

El abogado ha señalado insistentemente que en la desaparición de los estudiantes “participaron todos los niveles de gobierno”.

No hace muchas semanas, apenas el pasado 26 de febrero, Rosales declaró que los alumnos de la escuela Isidro Burgos seguían con vida. “Nuestras muchachos están vivos mientras no existan evidencias de lo contrario, evidencias reales, hay cosas que no podemos aceptar porque no existen, hasta el día de hoy nos han presentado puras mentiras”, dijo.

A consecuencia de sus declaraciones se le ha acusado repetidas veces, no de representar, sino de “pastorear” a los padres, de esconderles el destino de sus hijos y llevarlos de arriba abajo con una agenda política bajo la manga.

La semana pasada circuló en redes sociales un audio que pretende demostrar un nexo entre los padres de los 43 normalistas y el grupo criminal Guerreros Unidos. De acuerdo con el audio, Guerreros Unidos le reclamaba a uno de los padres por un dinero (200 mil pesos) que no había sido repartido. A consecuencia de ese audio, el discurso de Rosales, uno de los principales combatientes de la verdad oficial, dio un vuelco espectacular.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el abogado negó que los padres de familia hubieran recibido dinero o pactado “con ese tipo de grupos”. Y declaró:

“Nosotros lo que queremos es que se castigue a Guerreros Unidos… nuestra preocupación es que Guerreros Unidos sigue estando intacto, desde nuestro punto de vista, en Iguala, no ha sufrido un desmantelamiento. No tenemos por qué proteger a criminales y menos a la gente que, junto con la policía, desapareció a nuestros compañeros. Creo que es absurdo querer vincularnos con un grupo que mató a nuestros compañeros, que mató a nuestros hijos…”.

Hay que decirlo: el abogado que no ha dado crédito alguno a las investigaciones del caso admite olímpicamente lo que las autoridades han postulado: que con ayuda de la policía, Guerreros Unidos desapareció y mató a los alumnos.

La declaración no coloca al abogado en muy buena posición frente a los padres, a quienes ha convencido de que sus hijos siguen vivos. No ha debido dejarlo bien parado, tampoco, ante quienes siguen otras líneas de investigación sobre lo sucedido aquella noche. Se diría que Rosales es víctima de una campaña de desprestigio… en la que al frente se ha puesto a sí mismo.

@hdemauleon

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