Mercenarios de los derechos humanos

Héctor De Mauleón

A fines del año pasado, la ONU exigió que cuatro hombres acusados de pertenecer al Cártel de Tijuana, y señalados por el lugarteniente Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, como responsables de secuestros, homicidios y decapitaciones, fueran liberados e indemnizados por el Estado mexicano.

El Comité contra la Tortura determinó que, a fin de arrancarles una confesión, elementos del Ejército habían torturado a Ramiro Ramírez, El Rambo, a Orlando Santaolaya, El Chuletas, y a dos personas que se encontraban con ellos al momento de su aprehensión. La ONU ordenó que los acusados recibieran del gobierno federal una reparación de 99 mil 513 pesos.

La asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, denunció que en México existen organizaciones de defensa de los derechos humanos que a cambio de un porcentaje emprenden la defensa de “presuntos responsables”, y alegan tortura para obtener su libertad y una indemnización.

Señaló específicamente a la organización que llevó el caso de El Rambo: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a cuyo frente se encuentra José Antonio Guevara Bermúdez.

De acuerdo con Wallace, en muchas ONG se lleva a cabo el Pacto de cuota litis, en el que defendido y defensor “se asocian en el resultado de un pleito: la defensa carga con los costos si pierde, a cambio del reconocimiento de un porcentaje sustancial para el caso del triunfo”.

“El Pacto de cuota litis es difícil de probar porque se hace en secrecía, pero es un hecho que existe”, sostiene Isabel Miranda.

El presidente de la CMDPDH no tardó en responder con una carta dirigida al programa de radio Por la mañana, que conduce Ciro Gómez Leyva, (en donde Wallace lanzó la acusación): dijo que las actividades de la CMDPDH son financiadas a través de fondos que llegan de instituciones filantrópicas y de la cooperación internacional, y aclaró que quienes laboran en esa organización no cobran a las víctimas y no se han beneficiado “con porcentaje alguno” cuando logran que el Estado repare daños causados por violaciones a los derechos humanos.

La CMDPDH llevó hace tiempo un caso emblemático, el de Rosendo Radilla, líder social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien desapareció en tiempos de la Guerra Sucia, luego de ser detenido en un retén militar.

Después de un tortuoso litigio, la CMDPDH y la AFADEM (Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México) llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano por graves violaciones y ordenó una serie de medidas de reparación para los familiares de Radilla, “en concordancia con la gravedad de las violaciones”. Desde pagos por lo que Radilla dejó de ganar desde el día de su desaparición, hasta gastos que la familia debió efectuar durante el tiempo en que lo estuvo buscando. Fue el primer caso en que la Corte Interamericana condenaba al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos.

De acuerdo con la sentencia emitida por la CIDH el 23 de noviembre de 2009, la CMDPDH y la AFADEM no quisieron quedarse atrás. Indicaron que también “habían efectuado gastos durante la búsqueda de justicia y verdad”. Pidieron el reembolso de un conjunto de viajes a la “ONU”, el reembolso “de las actividades del día internacional del detenido-desaparecido, de la semana internacional del detenido-desaparecido y del mes internacional del detenido-desaparecido en México y el Caribe”, y el pago de gastos tales como renta, envío de documentos, llamadas telefónicas, energía eléctrica, viáticos, boletos de avión, mensajería y copias, entre otros.

No sólo eso, solicitaron a la CIDH el pago de arriendo de los locales en que ambas organizaciones funcionaron entre 1978 y 2008.

La Corte concluyó que las pretensiones de la CMDPDH carecían de “razonabilidad” (pedía tres millones de pesos), y hacían parte del caso “costes de otros proyectos”. Pese a todo decidió que se entregaran 25 mil dólares a los familiares de Radilla, para que éstos, a su vez, los pusieran en manos de los defensores de los derechos humanos.

Es preciso aclarar si en las ONG existe o no el pacto de que habla Wallace y que haría de algunos de estos organismos unos mercenarios de los derechos humanos.

@hdemauleon

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