Cuando el Estado deja de cumplir con las atribuciones que la sociedad le ha conferido, entre ellas la del uso de la fuerza, principalmente en el combate a la inseguridad, la población comienza a adoptar acciones en defensa propia.

Uno de los casos más recientes se dio hace unos meses en Michoacán. Ante la ausencia de autoridad, grupos de pobladores se coordinaron para enfrentar a bandas de criminales que llegaban a las localidades para imponer su ley, realizar extorsiones y cobros de piso, sin que los gobiernos locales pudieran hacerles frente. Con el tiempo, el movimiento de las llamadas autodefensas derivó en una mezcla de intereses y de enfrentamientos de grupos rivales. El desgobierno y la anarquía habrían podido evitarse de inicio si la actuación de gobernantes locales hubiera sido la adecuada.

La situación de inseguridad que se ha agravado en los últimos meses en el país —según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— ha tomado un aspecto distintivo en el Estado de México: civiles que hacen justicia por su mano contra aquellos delincuentes que abordan autobuses para realizar asaltos.

Ayer hubo un caso que atrapó la atención de la opinión pública desde las primeras horas. Cuatro cuerpos fueron hallados a orillas de la autopista México-Toluca. Hacia la tarde, la procuraduría mexiquense informó que se trató de presuntos asaltantes que habían despojado de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús que circulaba por dicha carretera. De acuerdo con la versión de testigos y del operador de la unidad, un pasajero que viajaba en la unidad los hirió con un arma que portaba. Los delincuentes descendieron heridos, el sujeto bajó también y los remató.

En lo que va del año EL UNIVERSAL ha documentado al menos siete ocasiones en las que víctimas de asaltos en el transporte público mexiquense hacen justicia por su cuenta contra quienes cometen el atraco.

Saber que difícilmente serán capturados y que, de ser detenidos, tienen bastante probabilidades de salir en libertad, induce a los criminales a delinquir. Sólo 1% de los delitos en México son castigados, según el Índice de Impunidad para México. El hartazgo de usuarios ha ocasionado que decidan actuar contra ellos, en lo que es una virtual adopción de la ley de la selva.

La solución a la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona; aspiramos a un país de leyes en el que cada parte (gobernantes y Poder Judicial) haga su tarea de la mejor manera posible para que aquellos que hayan cometido algún delito paguen por él.

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