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Son sumamente raras las ocasiones en las que un legislador renuncia a algunos de los privilegios de los que goza por ocupar un escaño o una curul. Son tan poco frecuentes, que generalmente son notas de primera plana.
Hace ya siete años, en 2009, el diputado panista Gerardo Priego devolvió un millón 100 mil pesos por concepto de boletos de avión que no utilizó, pero que de cualquier manera se le abonaron a su cuenta, así como 200 mil pesos que recibió por haber ahorrado la misma cantidad en un fondo para legisladores.
En otro caso, registrado en 2013, cada uno de los senadores del PAN recibió en sus cuentas 430 mil pesos por concepto de “gestión legislativa”; algunos devolvieron los recursos, otros no y los menos aseguraron que los destinaron a atención ciudadana.
Hace un año los 25 diputados de Movimiento Ciudadano renunciaron a los seguros de vida y de gastos médicos mayores que se les asigna en San Lázaro. El ahorro previsto es de 18.5 millones de pesos durante los tres años de la LXIII Legislatura.
Esta vez, EL UNIVERSAL publica que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados decidió regresar los cinco vehículos híbridos que les fueron asignados para la coordinación de su bancada y para cada una de las cuatro comisiones ordinarias que presiden. El coordinador de Movimiento Ciudadano también actuó en el mismo sentido.
Después de las contingencias ambientales que vivió la capital del país durante los meses de marzo, abril y mayo, la Cámara de Diputados anunció que arrendaría 80 vehículos híbridos 2016 exclusivamente para el uso de los presidentes de las comisiones legislativas, de órganos de gobierno y para los coordinadores de grupos parlamentarios, que tendrán un costo de casi 30 millones de pesos durante los próximos dos años. De presentarse nuevamente contingencias ambientales, ¿no están dispuestos los diputados a usar el transporte público?, ¿es realmente necesario arrendar los vehículos híbridos?
Uno de los orígenes del desprestigio que rodea a la clase política es la falta de sensibilidad ante la situación social. A la hora de justificar los privilegios, los integrantes de la alta burocracia (de los poderes Ejeuctivo, Legislativo y Judicial) usualmente argumentan que son beneficios adoptados tiempo atrás y de ninguna manera impulsados por ellos. Justifican todo, pero no muestran acciones para frenar los excesos.
Ante la austeridad que se avecina en 2017 es hora de revisar —y evitar— despilfarros que se hacen en la administración pública. El Congreso —los representantes del pueblo— tienen la oportunidad de demostrar que pueden ser congruentes con el discurso de austeridad. Parece que algunos grupos comienzan a entenderlo. ¿No es este un buen momento para modificar el rostro actual de la política y dignificarlo?
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