Lección contra la impunidad

Hoy EL UNIVERSAL da a conocer que en los últimos 10 años, mil 25 miembros de las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina han caído en prisiones federales. Un tercio de ellos fueron apresados sólo en 2015 y siete de cada 10 uniformados han sido acusados de delincuencia organizada.

De acuerdo con una solicitud de información en poder de este diario, los militares encarcelados en su mayoría son cabos, detenidos por delitos contra la salud. Los marinos presos presentan cargos en su contra por delincuencia organizada y extorsión y los encarcelados de Seguridad Pública en su mayoría son policías acusados de homicidio y delincuencia organizada. En total, en los 10 años que se tienen estudiados, se cometieron más de mil 500 delitos por parte de quienes alguna vez trabajaron en la seguridad de la población.

Conocer que existe tal cantidad de procesos en marcha contra elementos de las fuerzas de seguridad naturalmente enciende las alarmas, pero en el fondo es una buena señal, dados los frecuentes señalamientos de corrupción, violaciones a los derechos humanos e impunidad contra estas fuerzas. Esta información manda el mensaje de que se está haciendo algo en el sistema de justicia para erradicar estas prácticas, que no sobra decirlo, en parte son resultado de las precarias condiciones laborales, de las pocas garantías a su seguridad y las nulas expectativas de ascenso profesional de nuestros cuerpos de seguridad.

Según una encuesta realizada por Causa Común, en México siete de cada 10 policías no sienten reconocimiento a su labor y ocho de cada 10 nunca han tenido un ascenso, lo que hace que para algunos efectivos represente lo mismo estar en el crimen que en la policía, porque el nivel de riesgo es el mismo, y en el primero los ingresos son muy superiores. Sin justificar ninguna ación ilícita, de cierta forma su difícil contexto los orilla a delinquir. Esto no es un problema menor porque, además de que enfrentan carencias, falta de capacitación y equipo y la tarea que enfrentan es, literalmente, de vida o muerte, en el caso de los marinos y militares, desempeñan una labor —el combate a la delincuencia organizada— fuera de su jurisdicción y sin un marco legal adecuado.

Estas investigaciones deben servir entonces, para dar visos de que se está combatiendo la impunidad y la corrupción en los cuerpos de seguridad en el contexto de la lucha contra el crimen, tarea por demás cruda y compleja, y también para establecer un diagnóstico de los resquicios por los que los grupos criminales logran corromper a las fuerzas del orden. Para ello, habrá que dar seguimiento a estos procesos, ver a cuántos se les sentencia —que no pase como en el michoacanazo —, pero también cuidar que en cada caso haya totales garantías y respeto al debido proceso y así inocentes no sean castigados injustamente y los verdaderos responsables no resulten absueltos por una mala investigación.