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En otra muestra de su desconexión con los temas que interesan a la gente, los legisladores han decidido posponer para el próximo año el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.

El tema es el que más irrita a la ciudadanía. El tema es el que más está incidiendo en la decisión de votar. El tema es el más mencionado en todos los medios de comunicación. El tema es el que más se recrimina a la clase política. Y sin embargo… no se mueven.

En lugar de aprovechar la ola de atención pública al tema de la corrupción y nombrar un buen perfil, que despierte confianza, al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (así de entramado es el nombre oficial), siguen los jaloneos, se mantiene el pobre espíritu de intercambio de favores entre los partidos y no escuchan —o hacen como que no escuchan— el grito de la sociedad.

La mala noticia fue que pospusieron la designación para 2017. La buena es que este lunes quedó conjurada una de las principales amenazas a la credibilidad del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción: Ximena Puente de la Mora, quien no era percibida como independiente del gobierno, sino como casi el dique que enviaban desde Los Pinos para proteger a la administración federal, anunció en una carta al Senado que declinaba su aspiración de ser la fiscal anticorrupción, y por tanto, se quedará como comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El impulso que recibió Ximena Puente terminó exhibiendo que no existe realmente un compromiso de nombrar como fiscal anticorrupción a alguien con nombre y trayectoria propios, con espíritu independiente para abordar los asuntos. Su declinación es una buena señal, pero insuficiente, pues se mantiene la pregunta de a quién impulsará ahora el gobierno y se despierta la sospecha de que deliberadamente haya enviado a Puente para que fuera rechazada y su “Plan B” sea también de un perfil que no satisfaga.

Hay todavía muchos nombres sobre la mesa. Hace falta una persona valiente, eficaz, operativa, con experiencia penal, conocedora de los temas de corrupción. Que sea capaz de estar a la altura de la expectativa de una ciudadanía que quiere resultados bien y pronto. Alguien que no se vaya a asustar cuando le caiga un caso de alto nivel que pueda implicar un elevado impacto político, que tenga la entereza para poder resistir la presión lo mismo de quienes quieren ver colgados en la plaza pública por aclamación a dos que tres políticos como de quienes usarán los instrumentos del Estado para brindar impunidad a los culpables… y que tenga al menos 35 años de edad, la ciudadanía mexicana por nacimiento, la Licenciatura en Derecho desde hace diez años, no haya recibido condena por ningún delito doloso y goce de buena reputación.

El Senado registró a 32 aspirantes. Ya se bajó la puntera. Quedan 31 nombres. Es una selección que merece cuidado, pero no por ello debe posponerse. ¿O qué están queriendo negociar detrás?

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