La ruta se inició a partir de febrero cuando, a pretexto de actualizar el padrón de trabajadores en activo, se les solicitaron a los sindicalizados una serie de documentos.

La lista incluía copias del primer contrato de planta, comprobante de domicilio y credencial del IFE, además de llenar y firmar un formato anexando una fotografía tamaño infantil.

Los requisitos coinciden con los que solicita el Departamento de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo para modificar los estatutos de un sindicato.

Se calcula que bajo el nuevo escenario se puede legalizar la salida de cinco consejeros sindicales y modificar el marco de cara a las jubilaciones, que incluiría más años de labores, más aportación al fondo… y menos percepción al momento del retiro.

Actualmente la alternativa se alcanza cuando un trabajador cumple 55 años o cuando acumula 35 de labores.

En paralelo, se plantearía formalizar la contratación de más plazas de confianza, con la novedad de que se abre un puente para pasar los sindicalizados a esta condición.

Naturalmente, se flexibiliza la vía para cancelar plazas sindicales.

El traspaso de éstas hacia las de confianza se abrió en 1989 vía un convenio administrativo entre el entonces director general de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, y el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Sebastián Guzmán Cabrera.

Y aunque en 2010, seis años después de iniciar un juicio para crear un sindicato de trabajadores que habían sido colocados en condición de confianza, los solicitantes obtuvieron un laudo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que les daba luz verde, se ha obstaculizado una y otra vez la posibilidad.

Otro punto que se plantea es que las plazas de confianza se tramiten a solicitud solo de la empresa, es decir, se cancela la participación del sindicato a nivel de propuestas.

Como lo comentábamos hace unos días, Petróleos Mexicanos está acelerando jubilaciones bajo un escenario en que las plazas que se quedan acéfalas ya no se llenarán.

Durante décadas éstas eran ocupadas por familiares directos.

La modificación a los estatutos, en congruencia con un convenio firmado en el 2013 por el actual líder, Carlos Romero Deschamps, debe estar antes del inicio del proceso de revisión contractual, que tradicionalmente se abre en agosto.

Lo curioso del caso, decíamos, es que mientras Pemex disminuye la base de la pirámide, la punta se está ensanchando.

De acuerdo al organigrama aprobado el viernes pasado: Reorganización Corporativa de Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, aunque desaparecen algunas áreas se crean otras que superan el escenario anterior.

La ex paraestatal tendrá dos subsidiarias, una para Exploración y Producción y otra de Transformación Industrial, colocándose al mismo nivel áreas de Coordinación y Desempeño, Proceso de Negocios y Tecnologías de la Información, y Alianzas y Nuevos Negocios.

De ellas surgen seis direcciones: Finanzas, Recursos Humanos, Administración y Servicios, Procura y Abastecimiento, Jurídico e Investigacion y Desarrollo Tecnológico.

Las subsidiarias y direcciones tendrán su propio consejo de administración.

En algunos casos, por ejemplo en la Dirección de Desarrollo y Producción, se tendrán seis áreas: aguas profundas, aguas someras, terrestres, no convencionales, gas no asociado, crudo extrapesado…

De estas derivarán otras siete: desarrollo en campos, seguridad industrial, confiabilidad, servicios, exportación, distribución de petrolíferos y alianzas operadas por otros.

Más jefes que apaches.

Balance general. En la urgencia de recuperar confianza de cara a las grandes licitaciones en puerta, con énfasis en el nuevo aeropuerto, OHL México ha contratado a tres empresas independientes para auditar sus concesiones viales, es decir, el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.

Estas son KPMG, Jones Day de México y FTI Consulting Inc.

Se calcula que el resultado esté listo en cuatro semanas.

Anteriormente, la matriz de la constructora en España había contratado a la consultora Ernest & Young para revisar el cumplimiento de las condiciones que plantean los respectivos títulos de concesión.

La firma tiene siete concesiones de autopistas de peaje, de las cuales cinco están en operación y dos en construcción en el Estado de México, Puebla y el Distrito Federal.

Nemak al refuerzo. Entre las opciones de financiamiento del grupo Alfa para cubrir los 530 millones de dólares que requiere para alcanzar la mitad de las acciones de la petrolera colombiana Pacific Rubiales, está una colocación accionaria de su filial de autopartes Nemak, prevista para junio.

En paralelo, se negocia la posibilidad de un crédito bancario.

La empresa encabezada por Armando Garza Sada rechaza que en la operación haya pactado hacerse cargo de la deuda corporativa de la empresa que alcanza ocho mil 100 millones de dólares.

Como usted sabe, la adquisición se realiza en alianza paritaria con la empresa estadounidense Harbor.

El último paso será recibir el sí de la asamblea de accionistas de la petrolera que cotiza en la Bolsa de Toronto.

Aunque los inversionistas venezolanos que se oponen a la operación tienen el 19.5% del capital, de acuerdo con las leyes de Canadá la aceptación llegaría solo con dos tercios de aprobación.

Papelito habla. En una más de las mil trampas para seguir abonando a la opacidad en el país de cara al gasto público, hete aquí que Banobras adujo el secreto fiduciario para negar la información reclamada por un particular respecto a lo erogado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de televisiones que se regalan a la población de escasos ingresos frente al llamado “apagón analógico”.

El problema es que el fideicomiso firmado en el llamado banco del federalismo fiduciario es sólo para administrar los pagos a los proveedores.

No hay, pues, ninguna restricción para rendir cuentas.

Impunidad como signo. De acuerdo con un recuento de la diputada panista Elizabeth Yáñez Robles, en el país hay 97% de impunidad en casos de malversación de fondos por parte de funcionarios públicos.

Las cifras son patéticas: entre el 2010 y el 11 la Auditoría Superior de la Federación emitió dos mil 498 promociones de responsabilidad administrativa en la revisión de la cuenta pública, con la novedad de que solo se inhabilitó a cuatro funcionarios.

En el 2012 las mil 177 auditorías realizadas generaron mil 798 señalamientos similares, de los cuales solo en 301 se plantearon explicaciones.

En el marco se presentaron 139 denuncias de hechos… que hasta hoy no han prosperado.

En el 2013 hubo mil 321 recomendaciones… aplicándose solo 10 multas.

Goliza, pues, a la rendición de cuentas.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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