¿Cómo deciden los operadores de la justicia?

Imagínese usted que está jugando al famoso juego de nuestra infancia de ponerle la cola al burro en el que, como recordará, a uno le señalaban de inicio dónde se encontraba la imagen con el blanco a perseguir, pero posteriormente le vendaban los ojos, le daban unas vueltas y a partir de ahí salía uno en busca de acertar ayudado por los gritos de los demás participantes. “Más a la izquierda” gritaban unos, “no, más a la derecha”, gritaban otros. Algunos pasando información fidedigna y de calidad, pero otros dando información falsa o de mala calidad para que la participación fuera un desastre y con esto sabotear el éxito del concursante. Ahora imagínese que es usted el concursante y que tiene que tomar decisiones en cuanto al rumbo que va a seguir, sólo que en el caso del cual hablaremos lo que está en juego son los derechos humanos, el combate a la impunidad y el orden público, elementos básicos del estado constitucional de derecho y piedra angular de la convivencia de un país.

Con esta simple ejemplificación quiero señalar el problema que tienen los titulares de instituciones de justicia para tomar sus decisiones en el corto y en el largo plazo. Hoy en México persisten problemas con la información y su trasparencia. Por ejemplo, algunos de los datos que más ayudan para tomar decisiones de política pública tienen que ver con la cifra negra (delitos que no se denuncian ante el Ministerio Público) y la incidencia delictiva (delitos que se denuncian ante el Ministerio Público) sin embargo, cuando uno revisa cómo se registran nos damos cuenta de que muchas procuradurías tienen métodos de registro que hacen que no se refleje lo que está pasando (en algunos casos por falta de fortaleza institucional y en otros sólo con el afán de no trasparentar lo que está sucediendo). Esto ocasiona que el insumo principal para la toma de decisiones se encuentre viciado de origen.

Además de lo anterior, otra de las dificultades para los tomadores de decisión es la falta de perfiles con capacidad para el procesamiento de los datos recopilados. La era digital hace que la información nos desborde; hay que decir que no toda es relevante, debemos discriminarla, sin embargo para este proceso se debe contar con perfiles de analistas que realicen este trabajo con métodos científicos probados tanto para la parte estratégica (prospectiva estratégica, teoría económica del derecho, costo beneficio), como para la parte operativa (red de vínculos de personas, de capitales, entre otras). Esto ayudaría a tomar decisiones informadas y racionales más allá de la intuición coyuntural del titular de la institución.

Yo no conozco a algún líder de una empresa importante que antes de tomar una decisión relevante que comprometa el capital de la misma no se asesore con información y análisis de calidad. Por esto, es urgente impulsar como política pública prioritaria la creación de las unidades de análisis de la información con perfiles específicos y con metodologías estandarizadas que den información para la toma de decisiones en lo estratégico, en lo táctico y en lo operativo. Debemos beneficiar la inteligencia sobre la fuerza, si no introducimos este tipo de unidades en las instituciones de justicia, se seguirán gastando nuestros impuestos de manera desordenada, seguirá creciendo la impunidad y sobre todo se seguirán perdiendo vidas, ya que se continuará apostando al “topón” (encuentro casual de las fuerzas de seguridad con los delincuentes) en lugar de operaciones informadas y estratégicas.

Profesor de la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

pedro.torres@itesm.mx