Uso electoral de la pobreza

La elección del Estado de México muestra la vulnerabilidad de los programas sociales y el potencial uso electoral de la pobreza. La falta de institucionalidad que aún prevalece en la política social, permite que una parte de los votos se genere con acciones de compra y coacción del voto. La posibilidad de éxito de estas acciones ilegales e inmorales puede definir la elección.

El Estado de México es una entidad con muy altos niveles de pobreza. De los casi 17 millones de habitantes, casi 14 millones presentan carencias sociales o ingreso insuficiente.

Según Coneval, en el Edomex hay 6.5 millones de personas en edad de votar que viven en pobreza por ingresos. No les alcanza para lo más básico. Además, casi otros 3 millones de personas presentan carencias sociales sustantivas, como falta de seguridad social, falta de acceso a servicios de salud, vivienda insuficiente o sin servicios, carencia alimentaria y/o rezago educativo.

Según el IEEM, el listado nominal contiene 11.2 millones de personas. Esta situación donde más de 80% de la población presenta vulnerabilidad, carencias y bajos ingresos es un caldo de cultivo para el clientelismo electoral.

El gobierno federal está actuando sin recato. La campaña publicitaria de la Presidencia hace expresa mención a los “beneficios” de los programas sociales en el Estado de México. Es la primera vez que la intención electoral de la publicidad gubernamental se hace explícita de manera tan evidente y flagrante.

En el Estado de México, según Sedesol, los comedores populares benefician a 553 mil personas. El 35% del padrón total de los comedores se ubica en esa entidad.

De manera similar, el programa de leche de Liconsa tiene 2.5 millones de beneficiarios. El 30% del padrón total de Liconsa se ubica en una entidad: el Edomex. Además el programa Prospera apoya a 3 millones de personas. De ellas, al menos 1.8 millones están en edad de votar y el programa de adultos mayores de Sedesol tiene 500 mil beneficiarios, todos en edad de votar.

A esto además se suma la clientela que se ha construido con 232 programas del gobierno estatal. De ellos, 170 carecen incluso de documento normativo. Son parte del limbo de opacidad y falta de institucionalidad que marca a la gran mayoría de programas en los estados.

Esto no quiere decir que la elección esté definida. Tampoco que cada beneficiario sea un voto cautivo. La compra y coacción del voto son acciones de baja efectividad. Sin embargo en una elección cerrada, como la que se vislumbra en encuestas recientes, la presión y el uso político de recursos y programas públicos pueden ser determinantes.

La falta de mecanismos institucionales que garanticen derechos, que transparenten la asignación de apoyos sociales así como la permanencia del paternalismo y las dádivas en la relación gobierno-ciudadanía, permiten que desde los gobiernos se intente coaccionar y engañar a potenciales votantes usando recursos públicos.

Urge terminar con este abuso. El clientelismo y la falta de institucionalidad pervierten a la democracia y a la política social. Faltan medidas desde la legislación electoral, pero sobre todo en la normatividad del desarrollo social.

La pobreza no puede seguir siendo botín político. Los recursos públicos que se invierten en supuestas acciones sociales deben desaparecer. El padrón único de beneficiarios, nacional y obligatorio, es una medida indispensable para que los apoyos lleguen a quien los requiere, sin ataduras políticas.

Solo instituciones que garanticen derechos sociales de manera transparente y eficaz debieran recibir presupuesto. Es la única manera de invertir para lograr cohesión social. Solo así puede haber resultados frente a la pobreza y la desigualdad.

Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo