Estuve el lunes pasado (27/6) en un taller con funcionarios del gobierno de Honduras. Se discutían los retos del Bono Vida Mejor. Es un programa muy similar al Prospera de nuestro país. El contexto hondureño es más difícil. Pero nos llevan una ventaja: El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández tomó en serio la construcción del padrón único de beneficiarios.

Coincide además que este lunes (4/7) participé, aquí en México, en la jornada para generar el plan de acción de la Alianza por el Gobierno Abierto, respecto a pobreza y desigualdad. La conclusión de quienes asistimos —incluyendo muchos servidores públicos— fue que el problema más urgente en este aspecto es la fragmentación y dispersión de programas.

La dispersión ha crecido. Hay 6 mil 751 programas y acciones contabilizadas en el nuevo Inventario de programas y acciones sociales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Corresponden a los gobiernos municipales, estatales y federal. En el recuento anterior eran poco más de 5 mil 900.

El problema es grave. La proliferación de programas genera serios problemas de efectividad, de transparencia y rendición de cuentas, de clientelismo, de dispendio. Un análisis realizado por la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lo demuestra.

Por ejemplo, resultó que los estados con mayor número de programas son Chiapas y Veracruz, con 253 y 241 respectivamente. El 0% (ninguno) de los programas del gobierno de Chiapas reporta información presupuestal, según el inventario de Coneval. Sólo 35 programas, o sea el 14%, tienen un documento normativo. Y sólo nueve, o sea el 4%, reportan a la cuenta pública del gobierno estatal.

El caso de Veracruz es muy similar: sólo uno de cada diez programas reporta información presupuestal. Ocho de cada diez programas no tienen un documento normativo. Y siete de cada diez programas no reportan en la cuenta pública estatal. (Ver más datos de nuestro análisis en revista Este País, julio 2016).

Nuestro país tiene recursos para reducir la pobreza y resolver carencias. Entre 200 y 300 mil millones de pesos se dilapidan en este tipo de acciones supuestamente sociales de muy baja efectividad, con graves sesgos de clientelismo, con enfoques paternalistas y con casi nula rendición de cuentas.

Y ahí viene a cuento la lección hondureña. El contexto económico allá es mucho más difícil. Hay más pobreza. Mucho menos presupuesto. La capacidad institucional es más limitada. Y, sin embargo, podemos aprender.

En Honduras están construyendo ya un padrón único. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández puso en práctica una disposición que hasta antes carecía de efecto práctico: obligó a que todos los programas utilicen la información del Registro Único de Participantes (RUP) del Centro Nacional de Información Social (Ceniss).

Con un articulado muy breve, se establecen dos medidas clave que hacen gran diferencia: 1) Todos los programas deben estar en el Registro de Oferta Institucional del Ceniss. 2) Todos los programas deben usar la información del Ceniss para seleccionar a sus beneficiarios. Esas dos medidas aplicadas en México serían la base del “padrón único” y romperían de tajo los incentivos para la proliferación y dispersión de programas.

El modelo institucional del Ceniss y el enfoque operativo del padrón en Honduras aún están en fase inicial. Tienen muchos retos por resolver. México tendría mejores condiciones. El gobierno mexicano tiene más recursos técnicos y presupuestales. Pero la decisión no se ha tomado. El Sistema de Focalización para el Desarrollo (Sifode) de Sedesol no funciona como puerta de entrada. Y la “oferta institucional” está dispersa. No nos extrañe que no baje la pobreza.

Consultor internacional en programas sociales

@rghermosillo

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