Declaración de paz

Jesús Reyes Heroles solía advertirnos sobre el despertar del “México bronco”. Aludía a la sangrienta historia nacional mientras encomiaba los equilibrios del antiguo régimen y desalentaba la extrema represión. Ese país levantisco y cruel que rememoraba ha resucitado hoy en un nivel equiparable a las guerras intestinas. El uso extendido de la violencia es resultado de un conjunto de decisiones que han fracturado el tejido social.

Lo ocurrido durante los últimos tres decenios es el creciente desprecio hacia el pueblo mexicano, como un objeto amorfo del discurso demagógico. El país ha caminado en sentido diametralmente opuesto al propósito original: “moderar la opulencia y la indigencia”. Sus problemas se agigantan por la rampante desigualdad asumida por una tecnocracia irresponsable y una oligarquía rapaz, como un destino inevitable.

Un respetable médico mexicano que coincidió con el joven Carlos Salinas en la Universidad de Harvard, me relató que al término de una acorralada discusión éste le dijo: “no te engañes, habemos dos tipos de mexicanos los de uña y los de pezuña”; filosofía coincidente con la del oligopolio televisivo basada en la manipulación de los “jodidos”. De ahí los programas de “solidaridades” y “oportunidades” que transfieren recursos monetarios a los desheredados para que adquieran chatarras alimenticias degenerativas. De ahí el sometimiento mental al extranjero, el éxodo migratorio y la violencia como expresión patológica de un país descuartizado.

Nos urge una declaración de paz que comience por la modificación radical de la política económica. 19 millones de mexicanos se encuentran atados a un salario mínimo de 146 dólares al mes, el más bajo de la región. La Cepal situó al país como el único con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza. Se es al mismo tiempo empleado y miserable.

El mercado laboral se encuentra en franco estancamiento: 2.6 millones de desempleados. México forma parte de los cuatro países de América Latina con mayores tasas de informalidad. La OIT advierte que el 60% de la población económicamente activa se halla en diversas variantes de la ilegalidad.

Un promedio de 609 mexicanos abandonan el país por día hacia Estados Unidos. El 51% de ellos son jóvenes y adolescentes, mientras que 45 mil niños cruzan anualmente la frontera y cerca de la quinta parte lo hacen solos. Los ingresos por remesas de nacionales en el extranjero han vuelto a superar el monto de las exportaciones petroleras.

Un total de 565 mil menores de 15 años no asisten a ningún centro educativo. El 43% de los jóvenes entre 15 a 19 años carecen de escolaridad. Sólo un 36% de la población adulta ha llegado a la educación media superior, cuando el promedio de la OCDE es de 75%. Sólo el 9% de los jóvenes accede a la Universidad, aunque muchos la abandonan.

Como titular de Educación Pública, propuse la instauración de una “conscripción civil”, esto es que los jóvenes de 18 años cumplieran labores de servicio social, deportes, alfabetización y hasta excavación arqueológica. La condición era que, al terminar esas labores, el Estado les garantizaría inscripción en el grado superior al que se encontraban, con lo que los promedios de escolaridad serían hoy los más altos de Latinoamérica. En vez de ello, se anuncia que la educación media superior será universal dentro de 50 años.

El reclutamiento ha corrido por cuenta del crimen organizado. En tres años se contabilizaron 38 mil homicidios y las ejecuciones cometidas por la delincuencia organizada arrojan un promedio de 26 muertes diarias. De los 25 mil casos de personas desaparecidas casi la tercera parte corresponden a la actual administración. Un periodista es agredido cada 27 horas: de los peores panoramas mundiales para la libertad de prensa y el derecho a la información.

El país debe reaccionar en profundidad. Necesitamos un inmenso sacudimiento que no complique la violencia actual con violencia agregada o que convierta el estancamiento económico en irreparable derrumbe. Requerimos una solución que no conduzca al establecimiento de un protectorado extranjero ni a una instauración militar, sino que transfiera poder a la sociedad y permita reconstruir al Estado desde sus cimientos.

Comisionado para la reforma política del Distrito Federal