El papa Francisco denunció la corrupción que afecta a los servicios de salud ante pacientes, personal médico, enfermeras y administrativos del hospital pediátrico Bambino Jesús de Roma, al señalar: “Un hospital debe tener miedo a la corrupción… el cáncer más fuerte de un hospital es la corrupción y la corrupción no surge de un día para otro. Llega poco a poco. En este mundo donde hay tantos problemas de salud se engaña a tantas personas con la industria de la enfermedad”.

Las anteriores palabras me recordaron una reunión que tuvimos un grupo de diputados en la 61ª Legislatura con el entonces secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, donde un compañero recomendó al secretario que vigilara el rubro de la obra pública, ya que éste era el renglón donde más corrupción se generaba, a lo que el secretario contestó: “Eso creía yo, hasta que conocí el sector salud”.

Efectivamente, en el sector salud se da todo tipo de corrupción, desde la obra de construcción de infraestructura, la proveeduría de medicamentos, la compra de equipo médico “especializado”, el mantenimiento de los mismos, la contratación de personal para los servicios médicos y de enfermería, los administrativos, aunado a la corrupción individual de muchos médicos que han deshumanizado la profesión, el robo de medicamentos para revenderlos, hasta conflictos de interés que presentan muchos médicos entre la responsabilidad pública y sus intereses profesionales privados.

El derecho humano a la salud está contenido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así como en el artículo 4º de nuestra Constitución, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Por desgracia, en México la salud es vista no como derecho humano, sino como un favor que nos hace el Estado. Y así se evidencia, ya que los servicios que presta el Estado son de muy mala calidad.

Hoy, los ciudadanos reconocen la importancia de la salud y exigen mayores y mejores servicios. Por lo que es indispensable aumentar el gasto que se destina a este rubro, mejorando la infraestructura, así como la calidad de los servicios. Aun así, hay que reconocer avances en la materia, especialmente en la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad infantil y la reducción de la proliferación y mortalidad de las enfermedades contagiosas y parasitarias.

Los avances en la cobertura se han dado a raíz de la reforma de 2004 que introdujo el Seguro Popular. El porcentaje de la población protegida por algún tipo de seguro paso de 48% en 2002, a 93% en 2014.

La proyección demográfica permite saber con anticipación los retos que presenta el sector salud por el crecimiento y la estructura poblacional. En 2030 seremos más de 130 millones de mexicanos y la población mayor de 65 años crecerá de 7 millones en 2007 a 23 millones en 2030, por lo que será necesario pasar de un sistema de salud enfocado en enfermedades contagiosas a uno de enfermedades crónicas. Esto obligará aumentar el número de médicos especialistas y enfermeras.

La solución a estos retos no debe ser una disminución del gasto en salud, sino un aumento del mismo. Actualmente el gasto gubernamental a este sector ha aumentado de 2.2% del PIB en el 2000 a 3% en 2015, lo cual es insuficiente para cubrir las crecientes necesidades.

La cobertura universal implica el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de la población. Sin embargo, sabemos que la infraestructura como hospitales, camas, así como la proveeduría de medicamentos es más pobre sobre todo si se analiza comparativamente con las necesidades y la calidad de los servicios.

Diversos estudios reportan que la proporción de medicamentos recetados que se surten en el IMSS, en los servicios estatales de salud o bien en el ISSSTE, son de 70% en promedio. También reportan que 40% de los usuarios realizan algún tipo de pago sea por consultas, estudios o medicamentos.

La verdad es que hay mucho por hacer en los servicios de salud para mejorar el acceso efectivo y la calidad de este derecho humano, y que el Estado mexicano debe hacer un gran esfuerzo presupuestal y de organización para lograrlo.

El costo que tienen los mexicanos ante cualquier problema de salud es tremendo, así que el impacto que tendría una adecuada inversión en salud pública en el ingreso disponible de las familias sería muy importante, por lo que toda acción e inversión en mejorar este derecho contribuiría a cerrar la brecha de desigualdad.

Diputado federal independiente.
@ ClouthierManuel

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