¿Mandaderos?

Manuel Bartlett

Es aberrante que el Presidente nombre a los integrantes de un Poder del Estado cuya función es controlarlo

Pese al escándalo que provocó la imposición de Medina Mora en la Suprema Corte, no “idóneo”, visto como el nombramiento de un “enlace” con Washington para acordar la reforma energética; pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la crisis de justicia, urgió a que la designación inminente de dos ministros de la Corte fuesen independientes del Ejecutivo, Peña Nieto, en lugar de buscar, de acuerdo a su responsabilidad de jefe de Estado a una personalidad de la mayor calidad y vocación judicial, libre de toda sospecha de dependencia, mandó al Senado dos ternas que evidenciaban a quiénes debería elegirse, una integrada por tres de sus funcionarios.

El método constitucional para la designación establecido por la reforma de 1994, según la iniciativa y dictamen, buscó fortalecer al Poder Judicial, “sin intervención de factores políticos”; el ministro Silva Meza, designado entonces, recordó al jubilarse, “se enfatizaba la autonomía e independencia de la Corte”. Fundamental en la reforma es la comparecencia en el Pleno para “un examen minucioso de antecedentes profesionales y personales, formular juicios sobre calidad moral y respetabilidad” (Los Derechos del Pueblo Mexicano), dar mayor legitimidad social al Poder Judicial, reconocía el Dictamen, “muchos conflictos sociales, se generaron por no existir mecanismos adecuados para revertir leyes y decisiones injustas”; había que evitar que el Senado aprobara automáticamente las propuestas, “desempeñando un mero papel legitimador” (Enciclopedia Jurídica Mexicana).

Pero el Senado montó un simulacro: una presentación en el Pleno, sin preguntas, envió las comparecencias a Comisiones y con un Dictamen que ignoró las comparecencias, “aprobó a todos”, el Pleno, sin información, designó a los señalados por el Presidente: Laynez, para el PRI; la magistrada Piña, para el PAN, “aprobación automática”, “papel legitimador”. Laynez significa la determinación de Peña, expresada con Medina Mora, de llevar a la Corte a funcionarios comprometidos con sus reformas y moralmente con él. Laynez alegó autonomía e independencia, libertad de pensamiento no enajenada, por su capacidad de autodeterminación, pero sus 30 años impulsando y defendiendo reformas del Ejecutivo, aceptando que lo hiciera “con sus convicciones”, establece una ineludible dependencia de las reformas que sostuvo; al enfrentarse como juez ante convicciones diferentes, estará comprometido con las suyas, no será un juez por encima de los diversos criterios que deberá analizar, ¿revertirá “leyes y decisiones injustas”? La ministra Piña, señalada por Peña, adquiere igualmente un compromiso político, inadecuado. Subrayamos que la Comisión dictaminadora concluyó unánimemente que el modelo para designar a ministros era presidencialista y está agotado, pero en lugar de rechazar las ternas de un modelo tramposo y superado, aprobaron el fruto de ese modelo agotado. Sí, es aberrante que el Presidente nombre a los integrantes de un Poder del Estado cuya función es controlarlo, burla la división de poderes.

Un día después de la designación de los ministros, en cuyo proceso se insistió en su dependencia, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, en su Informe dijo: “nadie puede influir en la decisiones de los impartidores de justicia, si un juez no es independiente es sólo un mandadero, un escribano de alguien, en la Corte siempre estaremos del lado de la legalidad, nunca de aquellos que por el mero hecho de asumirse en algún grado de poder creen tener la razón, la calidad de la democracia se mide por el grado de independencia de sus jueces”. Estuvieron sentados frente a él, los coordinadores del mencionado proceso y el Presidente, que lo impuso. ¿Respondió el presidente de la Corte al señalamiento en el Senado de ministros dependientes?, ¿vendrá un cambio en el método de selección o fue la confirmación del mismo?, ¿todos son independientes?

Senador de la República

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