No tiene escapatoria

A invitación del gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco para “observar la situación de derechos humanos en México”. Entrevistaron autoridades, sociedad civil, organismos diversos, académicos, periodistas, recabaron testimonios de víctimas y al final presentó un Informe Preliminar, concluyendo: Hay una grave crisis de derechos humanos en México. Fundamentados en informes y testimonios, señalan ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad; atención inadecuada a víctimas y familiares; afectaciones especialmente a personas en pobreza; la militarización de la seguridad pública ha incrementado la violencia, violaciones a derechos humanos e impunidad. La CIDH urge al Estado mexicano a considerar el informe del grupo de expertos sobre Ayotzinapa, reorientar la investigación y fincar responsabilidades penales; urge al Estado a brindar acceso a dichos expertos a todos los testigos, incluyendo integrantes del 27 Batallón de Infantería; destaca desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado; las masacres de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato apuntan indicios de ejecuciones extrajudiciales por autoridades; tortura y privación arbitraria de la libertad contra líderes indígenas, movilizados en rechazo a “proyectos extractivos” que afectan sus tierras; desplazamientos internos forzados de pueblos indígenas en varias zonas del país por megaproyectos de desarrollo; agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, 67 comunicadores asesinados en la última década; falta de acceso a la justicia, que demanda nombramientos de jueces y ministros de la Corte independientes. Entre 21 recomendaciones, destaca atender las del grupo de expertos; plan de retiro gradual del Ejército de la seguridad pública, adoptar medidas de protección de víctimas, familiares, representantes, testigos, peritos y defensores. El secretario general de la OEA, afirmó: “la participación de la CIDH en la revisión de los hechos puede evitar una nueva experiencia de impunidad”.

Ante esta crisis, habiendo invitado a la CIDH, el gobierno acepta sus conclusiones formalmente pero instrumenta, simultáneamente, una operación para desvirtuarlas. El subsecretario para Derechos Humanos, Campa, no comparte el informe, “Ayotzinapa es situación extraordinaria, imposible de comparar con ningún otro caso, mucho menos es generalizada”; la procuradora Arely Gómez afirma que “la única forma de acercar posiciones —mantiene la ‘verdad histórica’— es un nuevo análisis de expertos, del mayor prestigio”, como si no lo tuvieran los expertos de la CIDH; un “consultor jurídico” de Cancillería denuncia falta de cooperación de la CIDH, “presentan conclusiones superficiales”, antes de presentarlas “podrían ver áreas de oportunidad”… o sea “¿ponerse de acuerdo?”; Beltrones, presidente del PRI: “no es posible que en cuatro días la CIDH se dé cuenta de una realidad, les han platicado, no han visto la verdad”. La CIDH tenía amplia información previa y se repartieron en todo el país. El secretario de la Defensa, Cienfuegos: “quieren involucrar al Ejército porque a alguien se le ocurrió, no tienen por qué declarar soldados, el convenio con la CIDH no les autoriza a interrogarlos”; Cienfuegos elude que estuvo al tanto de todo, desde el primer minuto de Ayotzinapa, además la CIDH tiene facultades para entrevistar al Ejército como institución y a su personal, conforme al acuerdo con el gobierno. Gil Zuarth, presidente del Senado, declara: “México no es Iguala”, ¡ah!, González Pérez, presidente de la CNDH: “en algunas regiones del país hay crisis de derechos humanos”, limita. Los medios de comunicación siguen la tonada.

Todo México sabe, lo dicen las encuestas, vivimos una crisis de derechos humanos, de inseguridad, impunidad, desaparición y muerte. La CIDH es una ayuda para que el presidente vaya a fondo, revise todo lo planteado, confirme o deseche, atienda las recomendaciones, de verdad; instituciones bajo su mando saben la verdad, ahí estaban, no hay escapatoria, no sirven los corifeos, es su responsabilidad.

Senador de la República