Responsabilidad política

La fuga de El Chapo conmovió en México y el extranjero. Estalla con la comitiva presidencial rumbo a París, de más 400 invitados, los secretarios de Gobernación, Marina y Defensa; el presidente del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación, el coordinador priísta en la Cámara de Diputados. El Presidente se manifiesta “profundamente consternado” por la fuga de un delincuente señalado mundialmente, es —dice— “una afrenta para el Estado mexicano, que indigna a la sociedad”. Regresa al secretario de Gobernación, pero él se queda, su visita es “histórica para México”. El secretario de Gobernación, en conferencia de prensa, describe impresionantes seguridades físicas y tecnológicas para mantener al Chapo en prisión; “vigilancia en los alrededores del Cefereso y municipios colindantes; acciones masivas de todos los sectores relacionados y señala “la denuncia ciudadana es fundamental para ubicar al delincuente”. La procuradora Arely Gómez amplía la descripción, una indagatoria a fondo y profunda se activa. La prensa cuestiona: ¿renunciará?, la demora en iniciar la búsqueda; ¿si existían tantos elementos sofisticados técnicos y de inteligencia, por qué no funcionaron?; ¿corrupción? Osorio concluye: se revisará si hubo complicidad o actos de corrupción. En otro episodio, se reúne la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso y concluye: “Estamos en emergencia nacional, que afecta la seguridad y la imagen del Estado en el exterior” y cita a una larga lista de funcionarios a comparecer ante dicha Comisión. Todos los medios desmenuzan la fuga, a nivel nacional e internacional, adelantando conclusiones, particularmente la corrupción en el corazón del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicación ineludible de la fuga. En medio de este alud de comentarios, conviene establecer algunas premisas para no perderse en lo que será el camino infinito de explicaciones que llevaran a la confusión, fatiga y olvido, que empezaran por la pomposa Comisión Bicameral.

Apuntemos, en primer lugar, la frivolidad del gobierno que organizó una fiesta en París, el “Gabinete de Seguridad”, líderes, congresistas, magnates y achichincles, México presentado como una “república bananera”, su élite desesperada por retratarse en el Palacio del Elíseo. En México, se inician despidos, señalamientos de probables responsables, distrayendo la esencia. Los responsables son el Presidente y su “Gabinete de Seguridad” (artículos 108 y 114 constitucionales). Diferenciemos, existen responsabilidad política y responsabilidad jurídica. La responsabilidad tiene diversos niveles en relación con las acciones y omisiones políticas; responsabilidad por los propios actos; institucional; legal —si se violan normas— y responsabilidad política, que es la que tiene todo actor político respecto a lo que ocurre en su área de poder, aunque no haya intervenido directamente. Habitualmente la aplicación de la responsabilidad política, en caso de error, se resuelve mediante renuncia al cargo. Según Domenico Fisichella, la responsabilidad política tiene dos caras, una intersubjetiva, del representante frente a sus electores, por sus actos; y otra cara, “funcional”, que supone que el funcionario que acepta postularse está en condiciones de ofrecer un adecuado nivel de resultados en términos de eficacia y capacidad; es decir, en su caso el funcionario es responsable políticamente por haber recibido la confianza en su “ciencia y conciencia”, que no se concretan. El gobierno, el presidente Peña y su gabinete son responsables políticamente, no han sido capaces de ofrecer un adecuado nivel de seguridad pública en términos de eficiencia y capacidad. La fuga no es una afrenta contra la nación, como dijo desde París, es una evaluación sobre su falta de “ciencia y conciencia” para cumplir con su función. Lo que se suma a la serie de escándalos irresueltos que han socavado su prestigio, como dijo el Finantial Times: “El Chapo entierra la reputación de Peña Nieto”.

Senador de la República