Prevención del delito

Los políticos mexicanos son expertos en colocar los temas sensibles en la agenda, formular nuevas leyes y mandatar planes y programas para mostrar su sensibilidad frente al reclamo ciudadano. Sin embargo, al momento de los resultados, la autoevaluación —tan de moda en el sistema mexicano—, se construye a partir de los cambios legislativos realizados, los planes anunciados y las acciones desarrolladas, pero es muy raro que se haga contrastando metas contra resultados.

La prevención del delito no es la excepción. En un país en el que desde hace dos décadas la inseguridad pública ocupa el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas, se ha construido un discurso oficial impecable sobre la importancia de la prevención del delito y la consecuente participación ciudadana. Sin embargo, los hechos no coinciden con el discurso.

La estrategia, los recursos y la atención política en materia de seguridad privilegian la persecución del delito. Del total del presupuesto federal en materia de seguridad, apenas el 1% se dedica a la prevención del delito. En 2015 la Subsecretaria de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Segob estuvo acéfala la mayor parte del año. Cuando finalmente se nombró un subsecretario, se designó a un actor político cuyo nombramiento provocó estupor entre especialistas y organizaciones sociales. Al nuevo subsecretario le bastó una semana en el cargo para romper relaciones y descalificar a todas las organizaciones sociales dedicadas a este tema. El desacierto de su nombramiento se hizo evidente dos meses después cuando debió renunciar para responder a las acusaciones de la PGR por delitos electorales. Ni en el ámbito presupuestal ni en su manejo político, la prevención del delito ha sido una prioridad para la actual administración.

Sin embargo, la semana pasada se registraron dos hechos interesantes. Por un lado, la prestigiada organización México Evalúa, con el apoyo de la Unión Europea y en coordinación con la Segob, organizó un Foro Internacional de Prevención del Delito, al que asistieron especialistas nacionales y extranjeros, funcionarios federales, estatales y municipales. Las presentaciones y el debate fueron claro reflejo de los avances en estos temas desde la perspectiva académica y de las organizaciones sociales. También fue evidente la distancia que existe en nuestro país entre la generación del conocimiento y la formulación e implementación de las políticas públicas. El mismo día que concluyó el Foro, se anunció la designación de un nuevo subsecretario, que sin ser experto en el tema, cuenta con un perfil político y profesional que lo coloca a años luz de su inmediato antecesor.

La combinación de estos dos hechos abre una interesante ventana de oportunidad. En el foro se ventilaron muchas ideas, reflexiones y propuestas. Resulta impensable que los ciudadanos sustituyan a la autoridad en la persecución del delito, pero es igualmente imposible construir condiciones de seguridad sostenibles y de largo plazo sin la participación ciudadana.

La prevención del delito es un ámbito que exige esfuerzos combinados. El mundo ideal sería construir una instancia mixta con dos grupos técnicos, el primero a cargo de acompañar a los estados y municipios en la construcción de sus programas de prevención y el segundo a cargo de su evaluación. Y una instancia administrativa, dentro de Segob, responsable de otorgar y administrar los recursos en función de las recomendaciones técnicas. Este esquema permitiría complementar el conocimiento científico con la formulación, implementación y evaluación de las políticas pública y ayudaría a despolitizar las acciones en la materia. Un trienio es tiempo más que suficiente para sentar las bases de un nuevo esquema, más eficiente y acorde con la realidad.

Director de Grupo Coppan SC.

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