La política contra las drogas, a revisión

En el mes de abril de 2016 se llevará a cabo una nueva Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS). Aunque la participación de México no será determinante, sería oportuno que pudiera explicar por qué fue nuestro país el que, junto con Guatemala y Colombia, solicitara la realización de una reunión de esta naturaleza al organismo internacional. Tengo la impresión de que Colombia lo hará con la claridad con la que el presidente Juan Manuel Santos suele hacerlo cuando aborda este tema.

De hecho, no es esta la primera vez que lo hacemos. Ya en 1998, al lado de Suecia y de Portugal, México promovió la organización de una Sesión Especial de la Asamblea General sobre drogas. Las conclusiones y recomendaciones de entonces no llegaron lejos. Las metas propuestas, retóricas en su mayoría, fueron un fracaso. No obstante, a nivel local, Portugal no se detuvo. Modificó su marco jurídico y hoy es uno de los países más avanzados en la materia.

Hace unos días, durante su breve visita a nuestro país, conversé con Ruth Dreifus, ex presidenta de Suiza y activa integrante de la Comisión Global de Política de Drogas, en la que también participan los ex presidentes Cardoso, de Brasil; Lagos, de Chile; Gaviria, de Colombia; Sampaio, de Portugal; y Zedillo, de México, junto con otros personajes como Kofi Annan, Mario Vargas Llosa y George Shultz, entre otros. ¿Qué espera de la Asamblea?, le pregunté. Que se escuchen las propuestas de la Comisión, que se las lleven a sus países y las discutan. No vamos por grandes acuerdos ni declaraciones grandilocuentes. Queremos que haya más conciencia de que lo que estamos haciendo no funciona. Que se busquen alternativas con sustento científico. Es todo. Si se logra, será mucho, le dije. Esbozó una leve sonrisa, vamos a ver, remató. Es una mujer inteligente, llena de vitalidad.

De las recomendaciones que hace la Comisión destacan, a mi juicio, tres de ellas:

1. Se debe ser mucho más estratégico en la aplicación de la ley. De poco sirve encarcelar a los campesinos que siembran marihuana para subsistir o quienes con fines personales la consumen. Estrategias de información, educación y prevención son menos costosas y más efectivas.

2. Qué sentido tiene reprimir si el efecto es que la producción se desplace de un lugar a otro, o que el control de la ruta de tráfico cambie de una organización criminal a otra. La prioridad debe ser reducir la violencia. La cooperación internacional, por lo tanto, debe orientarse más a detectar y combatir el lavado de dinero que a reforzar la militarización que con frecuencia acaba por ser contraproducente.

3. Se deben permitir e incentivar distintos modelos para regular el mercado. Es mucho todavía lo que se puede aprender de los fracasos y de los éxitos de la regulación del alcohol, el tabaco, los fármacos y otros productos que tienen riesgos para la salud individual o colectiva. Lo que se necesita es una regulación legal efectiva y responsable que sustituya al régimen mundial de prohibición que no ha funcionado.

Como se ha esgrimido en otros contextos, la perspectiva de la salud pública, que es la que gana terreno en muchos países, pone en primer plano a los derechos humanos y a la seguridad; en cambio, el enfoque prohibicionista, aún sin proponérselo, conduce a la militarización de la lucha contra las drogas que acaba por violentar los derechos humanos de muchas personas y genera una corrupción —al menos en nuestro país— que parece imbatible. Lo que la primera se propone entonces, es construir una política pública más humana, capaz de reducir los daños a la salud (enfermedad, violencia, muerte), y que esté sustentada en evidencia científica.

Terminar con la prohibición es terminar con la criminalización, lo cual significa regular el mercado ilícito en lugar de solamente prohibirlo. Prohibirlo lo hace ilegal pero no baja el consumo; no protege al adicto y no afecta las inmensas ganancias del crimen organizado. No hay evidencia para pensar que la penalización tiene un efecto disuasivo. Por el contrario, afecta a las poblaciones que ya son vulnerables porque disminuye las posibilidades de recuperación de los consumidores problemáticos, es decir, de aquellos que ya son adictos o están en vías de volverse adictos.

Una nueva política no prohibicionista contra las drogas no significa estar a favor de las drogas. Esa es la retórica favorita de las burocracias internacionales y nacionales, que gustan de erguirse como las “buenas conciencias” de la sociedad y que, con inusitada frecuencia, proclaman la “tolerancia cero” como ruta para alcanzar “una sociedad libre de drogas”, como si esta alguna vez hubiera existido.

El hecho, incontrovertible, por lamentable que parezca, es que cada día se consumen más drogas, cada vez cuestan menos, el mercado de las drogas ilegales sigue creciendo, y junto con él, crecen la inseguridad, la violencia, la corrupción, la violación del los derechos humanos y el poder de las organizaciones criminales. ¿De veras alguien cree que vamos bien?

Es necesario que haya una regulación de las drogas, precisamente porque estas son riesgosas. Si no lo fueran, no tendríamos por qué regularlas. La regulación de la producción, distribución y consumo de bienes y/o servicios que ponen en riesgo la salud, es función de los gobiernos. ¿Alguien prefiere que estas funciones sigan estando en manos del crimen organizado? La fiscalización de estos productos es la opción menos mala.

El cambio en la política contra las drogas sustentada en una perspectiva de salud pública es también, por supuesto, un asunto internacional que requiere liderazgos, coordinación, interdisciplina y un análisis riguroso, sistemático, para asegurar que la salud y el bienestar de las personas estén más cerca de la realidad de lo que están actualmente.

En tal sentido es que UNGASS 2016 representa una gran oportunidad para revisar críticamente lo que hasta ahora se ha hecho pero, sobre todo, para explorar otras alternativas que permitan desarrollar, ni más ni menos, esa regulación legal efectiva, responsable, realista, sustentada en evidencias, capaz de respetar derechos y alcanzar consensos. No me parece imposible. Ojalá que México contribuya a esa causa.

Ex secretario de Salud