Para acotar la extraterritorialidad

En junio de 2010 Sergio Adrián Hernández tenía quince años y jugaba con tres amigos en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con El Paso. Jesús Mesa, agente de la Patrulla Fronteriza, le disparó en la cabeza desde el lado estadounidense. El homicida alegó haber recibido una llamada reportando la agresión a pedradas por algunos jóvenes a miembros de su corporación. En su demanda ante un juez federal en Texas, los familiares de Sergio Adrián aportaron videos para demostrar que al momento del disparo se encontraba escondido en una construcción. El juez estimó que el joven asesinado carecía de protección por encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos. Una Corte del Quinto Circuito determinó que ningún agente razonable podía suponer que le estaba permitido asesinar a un adolescente del otro lado de la frontera. En sesión plenaria del mismo Circuito, la votación se dividió en cuanto a la nacionalidad y vinculación del joven asesinado con el orden jurídico estadounidense y su radicación en el territorio mexicano.

En julio de 2015 se solicitó a la Suprema Corte de los Estados Unidos atraer la resolución del asunto para definir la aplicación extraterritorial de la Constitución y la inmunidad de los agentes estadounidenses. El gobierno de México y diversas asociaciones académicas y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, presentaron diversos amicus curiae para apoyar la petición. En octubre de 2016 se acordó favorablemente la solicitud. De nueva cuenta el gobierno mexicano y un número creciente e importante de académicos y asociaciones presentaron sus argumentos jurídicos. Hace exactamente una semana, el asunto fue presentado en audiencia ante los ocho integrantes de la Corte, lo que deja la posibilidad de ser resuelto en los próximos meses.

Los temas que con la sentencia deberán ser resueltos son de la mayor importancia para las relaciones entre México y los Estados Unidos en particular, y para el modo como este último conducirá su política exterior en general. ¿Pueden los agentes estadounidenses asesinar a las personas situadas fuera de sus fronteras pretextando extraterritorialidad? ¿Cualquier acción de un agente estadounidense goza de inmunidad si dispone de una vida más allá de sus fronteras? ¿El orden jurídico de este país puede disponer de sujetos que no se encuentren directamente vinculados con él? ¿Las cortes del país del asesinado pueden o no juzgar a los agentes extranjeros que maten a sus connacionales aduciendo que se encontraban fuera de su jurisdicción? Temas como éstos serán resueltos en el caso Hernández v. Mesa. Los mismos son graves en términos fronterizos, no sólo por las duras condiciones que ya prevalecen en el extremo norte del país, sino también por las que en el futuro próximo habrán de darse. Adicionalmente y porque más allá de cercanías físicas, lo que también se está debatiendo es el modo en que los drones pueden ser accionados por quien, por ejemplo, está en una base aérea en Las Vegas y recibe la orden de exterminar a quien está en un país considerado unilateralmente como enemigo.

Hace unos días, la Cancillería anunció que destinaría 50 millones de dólares para asistir jurídicamente a los nacionales que enfrenten deportaciones en los Estados Unidos. La cifra es importante, pero ante la amenaza de aplicarla a varios millones de personas, resultará insuficiente. En los años cuarenta del siglo pasado, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), cambió su estrategia para lograr criterios judiciales generales que permitieran apoyar a un amplio número de personas. Ante la magnitud de lo que se viene, este proceder es recomendable. Pelear casos paradigmáticos como el de Sergio Adrián Hernández en la Corte Suprema, es un buen modo de reivindicarlo a él y de procurar ordenar el trato que a nuestros paisanos se les dará en los Estados Unidos o, inclusive, a los habitantes de nuestro propio territorio.

Ministro de la Suprema Corte de Justicia y miembro de El Colegio Nacional

@JRCossio