La deuda con México II

Los ajustes fiscales de los últimos 30 años fueron el resultado de la política económica aplicada tanto bajo el modelo de economía cerrada que se utilizó hasta 1986 como una vez que se dio el viraje de 180 grados hacia el actual de apertura comercial improductiva.

A pesar de que los dos modelos tienen visiones diferentes, existe un común denominador: el endeudamiento insostenible del sector público que ha ocasionado un daño crónico a la capacidad de inversión gubernamental y privada.

La carga del ajuste fiscal ha limitado el desarrollo de las familias y las empresas, en forma de recortes presupuestales al gasto social y a la inversión pública.

La administración de las finanzas públicas ha creado un endeudamiento reconocido y pasivos contingentes que en su conjunto superan 100% del PIB.

Desde inicios del nuevo milenio los diversos estudios realizados muestran que el monto del pasivo total no puede ser financiado con los ingresos del sector público federal.

El problema no ha sido la falta de recursos, desafortunadamente se desaprovecharon los ingresos excedentes que se obtuvieron entre el 2002 y el 2015, los cuales superaron los 2 billones de pesos.

Además se debe considerar el endeudamiento adicional que se gestó desde 2010, más de 12 puntos del PIB que no han favorecido el PIB potencial de México: desde 1993, y de acuerdo con el Inegi, el aumento de la inversión pública ha exhibido un crecimiento promedio que ronda 0%.

Sin inversión no hay crecimiento, la aplicación de recortes al gasto en educación y capacitación, así como en la construcción de infraestructura, inhiben la capacidad para crecer. Representa una estrategia que va en contra de la que han utilizado naciones exitosas en materia de crecimiento.

China y Corea del Sur permiten hacer un contraste entre los países que invierten acertadamente, y que gracias a ello han logrado salir de la pobreza en que se encontraban hace 45 años. Su administración pública ha sido un mecanismo para impulsar su desarrollo, no para limitarlo.

Hay una estadística que muestra el grave rezago en el que se encuentra México en el contexto mundial, las patentes.

Representan el resultado de un sistema educativo exitoso para incubar innovación tecnológica que alimenta el sistema productivo: sintetizan la eficacia de la vinculación entre empresas, universidades y las políticas públicas.

Las patentes son el producto de la planeación e inversión pública con visión de mediano y largo plazo, una visión que se encuentra blindada respecto a la austeridad y criterios de corto plazo que se encuentran detrás de los ajustes fiscales aplicados.

Las cifras son contundentes. En México, de acuerdo con la World Intellectual Property Organization, durante 2015 se solicitaron 18 mil registros de patentes, en China 1.1 millones: se necesitan 60 años, en donde el país asiático no haga nada, para alcanzarlo.

Las cifras son extremas cuando se considera solamente a las solicitudes de patentes realizadas por residentes en México y China respectivamente.

En nuestro país solamente 7.5% corresponde a residentes, el resto es de extranjeros. En China, únicamente 12.1% es de extranjeros.

Bajo dicho contexto, se puede establecer que los residentes en México solicitaron mil 400 patentes en 2015, en China 935 mil. Para alcanzar a lo hecho en China se requieren más de 600 años.

¿Cuál es la relevancia de lo anterior? La mayor parte de las patentes se encuentran vinculadas con la industria, son innovaciones que generan un diferencial a quien la posee, un derecho monopólico reconocido legalmente por la inversión realizada en la investigación que se requiere para llegar al producto a patentar.

¿Quién se encuentra en mejores condiciones para competir en la época que se ha denominado como Industria 4.0? Las naciones que invirtieron durante los últimos 40 años bajo una clara directriz de política industrial.

¿Quiénes tienen mayor debilidad en la época de la Industria 4.0? Aquellos países que se sujetaron a la disciplina de los ajustes fiscales que les llevaron a la austeridad improductiva y que aplicaron el concepto erróneo de que “la mejor política industrial es la que no existe”, los aperturistas de la economía.

¿Quién paga el costo del error? La sociedad y las empresas que sufren por el ajuste fiscal que les lleva a la austeridad y que limita su capacidad para poder innovar.