Durante las últimas semanas algunos temas muy sensibles para los mexicanos, como el del caso Tlatlaya, han traído a colación la viabilidad de la reforma en materia de derechos humanos.
Esta ha sido una de las transformaciones más importantes que se han practicado a la Constitución política de nuestro país. Tengo muy presente, como coordinador de los senadores del PAN en ese momento, esta enmienda con la que modificamos 11 artículos de la Constitución con el objetivo de que quedara clara y puntualmente establecido en la Carta Magna, el reconocimiento y la protección a estas garantías que están ya plasmadas en diversos instrumentos y tratados internacionales a los que México se ha sumado.
Con esta reforma buscamos también contar con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más fuerte, con mayores atribuciones y dotarla con herramientas para investigar casos graves sobre violaciones en la materia.
Esta reforma ha sido una de las más trascendentales de la última década y, a cuatro años de haberse avalado, es oportuno hacer una breve reflexión en el tema.
Es claro que, como suele ocurrir con reformas amplias y profundas como esta, de carácter estructural, sigan aún en proceso de implementación. Son grandes los retos que se han presentado en los últimos años y en cada uno de ellos se pone a prueba esta reforma, sin embargo, también es una oportunidad de alcanzar el objetivo para el cual se trabajó durante años: que el respeto a estas garantías sea una realidad palpable.
Estoy convencido de que, así como se sumaron propuestas en el debate y, posteriormente, los votos necesarios para lograr su aprobación en el Senado —106—, hoy necesitamos del compromiso de servidores públicos e instituciones para aplicar la norma con el espíritu con el cual se avaló la protección de las y los mexicanos.
Hoy nuestro país necesita de la suma de voluntades y el compromiso real de todos quienes participan en una tarea pública, sean servidores locales, estatales o federales. Las fuerzas políticas, por disímbolas que sean, lo lograron en el papel; hoy se necesitan muestras, en los hechos, de que la reforma constitucional va dando resultados.
Existen ya las herramientas para hacer valer los derechos humanos de los mexicanos de manera plena y clara, se requiere ahora de mayor difusión y de su puesta en práctica.
Una correcta aplicación de la reforma en derechos humanos también implica el compromiso de todas las instituciones que componen el Estado mexicano. Hago hincapié especialmente en las que están relacionadas a los procesos de procuración de justicia o en las encargadas de la seguridad en sus diferentes niveles.
Requerimos aún de la formación y la capacitación de todo el personal dedicado a estas tareas. Este es un proceso paulatino que obliga a redoblar los esfuerzos por parte de todas las autoridades, desde los policías de a pie, hasta los jueces, pasando por quienes integran el escalafón en los procesos judiciales y de seguridad en el país.
Precisamente, cuando se ratifique este principio colectivo, podremos tener la certeza de que los resultados serán más expeditos y claros ante la ciudadanía.
Lo recientemente acontecido en Tlatlaya y en Iguala ha puesto a México en los ojos del mundo y nos debe comprometer a concluir con todos los pendientes de esta reforma. Es claro que los retos son grandes. Pero igualmente grande debe ser el compromiso de quienes tenemos responsabilidad de implementar esta reforma. De todos depende que el respeto a los derechos humanos sea una realidad para millones de personas.
Al margen: La fuga de Joaquín Guzmán Loera es una muestra más de la grave vulnerabilidad de las instituciones y de la necesidad de construir un Estado fuerte, sin menoscabo del endoso que corresponde por las deficiencias exhibidas ante el mundo. La ciudadanía está a la espera de explicaciones, pero sobre todo, de resultados.
Diputado federal por el PAN.
@jglezmorfin
