Contrataciones abiertas para evitar más OHLs

¿Algún día los escándalos de corrupción abandonarán los titulares de los diarios? En nuestro país, cuando se reporta sobre obras públicas se mencionan sobornos, fraudes, enriquecimiento ilícito, entre otros, cometidos tanto por funcionarios públicos, como por agentes privados. Muchos de ellos son denunciados sin mayores consecuencias.

Hace unos meses, el caso de OHL México ocupó las primeras planas. Esta empresa se autodenomina como una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país; enfatiza su liderazgo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Actualmente, construye, administra, opera y mantiene seis autopistas de peaje, entre las que destaca el Circuito Exterior Mexiquense. También administra el Aeropuerto Internacional de Toluca y una parte del Tren Ligero de Guadalajara.

Sus concesiones están en el ojo del huracán porque, en 2015, la prensa mexicana reportó la filtración de conversaciones telefónicas que denuncian presuntos fraudes, manipulación de información contable e incumplimiento de obligaciones de transparencia. El 6 de mayo se filtraron conversaciones de sus directivos que presuntamente revelan un fraude en la operación del Circuito Exterior Mexiquense. Dos días después, el gobierno del Estado de México anunció que se auditaría la concesión correspondiente, lo cual fue respaldado y ampliado por el gobierno federal al solicitar a la Secretaría de la Función Pública revisar las contrataciones que se tienen con la empresa. El 14 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que inició una investigación contra OHL sobre hechos o actos relacionados con infracciones a la Ley del Mercado de Valores. El 25 del mismo mes, se divulgaron nuevas grabaciones que revelan supuestos incrementos de tarifa ilegales en otras concesiones, así como sobornos a magistrados para obtener sentencias favorables en la modificación del título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.

Este caso ha generado suspicacia y curiosidad entre la población. Es evidente en los 25 recursos de revisión que ha resuelto el INAI en relación a concesiones de OHL México. En cumplimiento de nuestra responsabilidad, hemos revocado o modificado el 56% de las respuestas de los sujetos obligados cuando éstos no garantizaron el derecho de acceso a la información. El miércoles pasado resolvimos que la CNBV debe entregar una versión pública de la información que haya recabado a partir de la visita de inspección que realizó a la empresa cuestionada en 2015.

Como en el caso de muchas otras empresas de su tipo, las concesiones que obtiene OHL México son para desarrollar obras y servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero requieren inversiones de alto costo y riesgo que los gobiernos no podrían emprender solos. Para incentivar la participación de estas empresas se ofrece garantizar su inversión a mediano o largo plazo con recursos públicos, así como recuperarla mediante una rentabilidad razonable. Si ambas condiciones se cumplen y estas empresas son emisoras en el mercado de valores, es muy probable que sus acciones sean valoradas al alza.

Dado que hay recursos públicos de por medio, los actores gubernamentales involucrados deben cuidar que las empresas beneficiadas se manejen con una gestión transparente y apegada a la ley. Dependiendo de sus atribuciones, deben demostrar que las concesiones que contratan o la vigilancia que hacen al sistema financiero están guiadas por una ética de la responsabilidad cuyo fin es el bien público y la generación de bienes y servicios de calidad. Dado el contexto, es urgente que haya información pública que dé cuenta a los mexicanos de que sí se cumple con estos supuestos. Sin embargo, la transparencia debe ser un hábito de las autoridades y no sólo una respuesta ante crisis como filtraciones.

El gobierno federal reconoció que hacen falta mecanismos para dar certeza a la población de que se toman las medidas necesarias para garantizar lo anterior. Junto con el INAI, se está trabajando para incorporar el estándar de contrataciones abiertas en el quehacer de las instituciones mexicanas. Consiste en la publicación de información en formato de datos abiertos para promover la equidad en las contrataciones y asegurar la transparencia que permitirá a la población acompañar estos procesos. En primera instancia, se adoptará el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero debemos impulsar que este esfuerzo se extienda a todo el gobierno federal, a los estados y a los municipios.

El riesgo de corrupción es alto en un sistema donde la rendición de cuentas es incipiente y domina la impunidad. Por eso, debemos reconocer que la corrupción es un sistema, es decir, un conjunto de reglas, rutinas, costumbres, discursos e instituciones dentro de los que interactuamos y que nos llevan a normalizarla. El reto es romper ese sistema, lo cual por supuesto, no se hace de un día para otro. Un inicio son acciones como adoptar el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas. Implica la revisión de cada etapa de una contratación, la identificación de los responsables y la publicación de la información necesaria para que la ciudadanía se involucre. El concurso de varios actores y la proliferación de ejercicios de este tipo requieren de liderazgo, voluntad y entusiasmo. Ya no hay tiempo para aplazarlos y son una vía para que algún día los escándalos de corrupción abandonen los titulares de los diarios, sin impunidad.

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia

@joelsas