Reforma energética: promesas incumplidas

Los resultados de la reforma energética empiezan a formar parte de la lista de promesas incumplidas que han caracterizado a todas las reformas privatizadoras que se han hecho en México.

En el sector eléctrico aparecen fenómenos que no veíamos desde hace muchos años: la Comisión Federal de Electricidad anunció cortes intermitentes del suministro de energía eléctrica en Los Mochis, Guasave y Culiacán, en Sinaloa; así como en Navojoa, Obregón, Guaymas y Hermosillo, en Sonora. Y a la par, las tarifas eléctricas suben de nuevo. ¿No que gracias a la reforma seguirían bajando?

En el sector petrolero también se han presentado fenómenos de desabasto regional de gasolinas, así como la reanudación del incremento en su precio. Pero lo más grave es la entrega acelerada de nuestra riqueza petrolera. Dijeron que de Pemex “no se vendería ni un tornillo”, y hoy vemos cómo buena parte de su infraestructura es cedida a fondos de inversión estadounidenses.

Por otro lado, en las licitaciones de áreas exploratorias y de producción, se han ido otorgando cada vez más concesiones a los operadores privados: los mínimos establecidos para las variables adjudicatorias se han reducido a niveles ridículos; no se pidió un bono a la firma de los contratos de licencia y, recientemente con los cambios a la miscelánea fiscal, se abrió la puerta para la disminución de la base gravable y un cierto grado de consolidación fiscal a los contratistas.

En cambio, a Petróleos Mexicanos se le niegan cuestiones tan elementales como el “reconocimiento del justo valor económico” de sus inversiones, en las áreas no retenidas tras la Ronda Cero; a pesar de ser un mandato expreso, contenido en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2013.

Ante la omisión que por dos años mantuvo el gobierno en este tema, el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 (LIF), mandató a la Secretaría de Energía a emitir los lineamientos para el reconocimiento de las inversiones de Pemex. Más aún, en el segundo párrafo del artículo décimo segundo transitorio de la LIF, se especificó que “la contraprestación que reciba Petróleos Mexicanos durante el ejercicio fiscal 2016”, fuera al menos la correspondiente a sus inversiones afectadas en las tres convocatorias de la Ronda Uno, realizadas el año pasado.

Por eso desde hace más de un mes, como presidente de la Cámara de Diputados, solicité al secretario de Energía, el envío de los lineamientos en cuestión. A la fecha, el silencio ha sido la respuesta, lo que tal vez se explique porque éstos violentan la letra y el espíritu de la Ley, al pretender reconocerle a Pemex sólo el valor de sus inversiones en las áreas solicitadas y no asignadas por la dependencia en la Ronda Cero. Esto no tiene sentido pues, por ejemplo, ninguna de las áreas licitadas en la tercera convocatoria de la Ronda Uno fue solicitada por Pemex. Sin embargo, explícitamente la LIF mandata a que le sean reconocidas en este ejercicio fiscal, sus inversiones afectadas.

La diferencia entre lo que ordena la Ley y la interpretación que se quiere imponer desde la Secretaría de Energía es gigantesca: conforme a la Nota 12 e, de los Estados Financieros Dictaminados de Petróleos Mexicanos, del ejercicio fiscal 2015, si prevalecen los lineamientos de la dependencia, a Pemex sólo se le reconocerían unos 6 mil 700 millones de pesos, siendo que el valor de sus inversiones afectadas rebasa los 81 mil millones de pesos. Una diferencia de 74 mil millones. ¡Pues no que “modernizar y fortalecer a Pemex” era uno de los objetivos de la reforma energética!

Lo que estamos viendo es que la reforma energética ha fracasado porque no fue la que requería el país; solo ha beneficiado a privados, no a la gente. ¿Hasta dónde van a llegar o qué esperan?

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados