El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió los primeros 100 días de su administración, periodo durante el cual se ha destacado únicamente por sus amenazas y acciones ejecutivas igual de negativas que su discurso proselitista.

Precisamente una de esas acciones es el aumento en las deportaciones de migrantes. Durante su campaña, prometió que sacaría a todos los “bad hombres”, refiriéndose según él a los extranjeros, principalmente mexicanos, que cometen delitos.

Sin embargo, lo que está haciendo de manera sistemática la administración Trump es expulsar a mexicanos honestos que sólo buscan trabajar para tener un mejor nivel de vida.

La semana pasada estuve en Nogales, Sonora. Visité un módulo del Instituto Nacional de Migración al que diariamente llegan cientos de paisanos nuestros que son deportados por las autoridades estadounidenses. Cada uno tiene una historia de trabajo, de hambre de superación, de sacrificios; no de crímenes, como generaliza Trump.

La labor que el gobierno mexicano realiza en estos módulos es muy importante, pues se les brinda ayuda en todos los sentidos: comida, comunicación con sus familiares, transporte; sin embargo, el apoyo más grande debe darse para evitar que sean deportados, pues hay casos de mexicanos que lo pierden absolutamente todo y se regresan igual que como se fueron: sin nada, después de años de trabajo y esfuerzo.

También visité el albergue San Juan Bosco, el cual se ha dedicado a ayudar a los migrantes desde 1982. “Héroes anónimos”, así es como don Paco, uno de los encargados del albergue, describe a los miles de mexicanos y centroamericanos que han pasado por ese lugar. Me compartió historias muy tristes de familias que literalmente quedan destruidas al no poder cruzar la frontera o ser deportadas por las autoridades migratorias; él es la muestra de cómo los ciudadanos unidos, podemos hacer grandes cosas por nuestro país.

La situación, lejos de mejorar, puede empeorar, sobre todo en lugares como Texas en el que es probable que se apruebe la ley SB4, creada para eliminar las ciudades santuario, lugares en los que se protege a los migrantes. De aprobarse esta ley, las autoridades migratorias estadounidenses tendrían más facultades para buscar a los indocumentados y castigarían a cualquier persona, incluyendo autoridades, que no cooperen en esa labor.

Ni las deportaciones ni mucho menos un muro son la solución: urge encontrar alternativas de protección a nuestros paisanos que cruzan la frontera.

Ante la inminente revisión del TLCAN, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, deben incluir un apartado completo que contemple los derechos y garantías para los ciudadanos de los tres países que transitan entre naciones para trabajar, para estudiar, para aportar al crecimiento del bloque económico de América del Norte.

Sólo con instrumentos comunes de protección a nuestros migrantes podrá estar completo el concepto de vecindad y comunidad económica que dio origen al tratado, pero más importante aún: sólo así podremos hablar de un trato justo entre naciones que se asocian, conviven y comparten el común objetivo de crecer en el bienestar de nuestros ciudadanos.

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