De la seguridad Estado-céntrica a la seguridad ciudadana, el desafío

Importante es el reto que en materia de seguridad tendrá que enfrentar quien gobierne el Estado de México a partir de 2017.

Pero no se piense que el ataque frontal a esta situación es lo primero, el reconocimiento no sólo del problema y su magnitud, sino de la incapacidad gubernamental para resolverlo debe colocarse en primer plano para comenzar a diseñar estrategias que efectivamente permitan minimizar esta problemática, pasando de un modelo de seguridad Estado-céntrica a uno de seguridad ciudadana.

Para nadie es un secreto que la inseguridad y la violencia han aumentado en México en los últimos años, ni tampoco que existe en los gobernantes de los diferentes niveles la propensión a minimizar los grados alcanzados por la inseguridad, la violencia y los diferentes tipos de delitos; el Estado de México no es la excepción.

Esta entidad cuenta con una población de poco más de 17 millones de habitantes, esto es que en él habita 14% de la población total del país. Esto lo convierte en el estado con mayor número de habitantes, lo que en parte explica que en diversos delitos presente las tasas más altas del país, pero que no alcanza para justificar la falta de resultados.

A nivel nacional el Estado de México tiene uno de los primeros lugares en cuanto a inseguridad. Tan sólo el municipio de Ecatepec ocupa el primer lugar a nivel nacional en percepción de inseguridad con una tasa de 93.6%.

De acuerdo con los datos registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y reportados en el documento Retos para la Seguridad en el Estado de México, elaborado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México (INAPEM), presentado el 4 de abril de 2017, el Estado de México es la entidad con mayor número de presuntos delitos cometidos en el periodo de enero a octubre de 2016, con un total de 23 mil 475 de un total de 142 mil 248 casos a nivel nacional, lo que representa 16.50%, proporcionalmente mayor a su aportación poblacional al total nacional que es de 14%.

Asimismo, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe), en 2016, se cometieron 56 mil 835 delitos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con esta misma encuesta, la tasa de víctimas en todo el país fue de 28 mil 202 por cada 100 mil habitantes, esto es, casi 3 de cada 10 personas mayores de 18 años fueron objeto de algún presunto delito; mientras para el Estado de México la tasa de víctimas alcanzó un valor de 45 mil 795, esto es casi 5 de cada 10 personas sufrieron algún delito.

Entre los delitos que más preocupan a las y los habitantes del Estado de México se encuentran: homicidios, feminicidios, desapariciones, secuestros, violencia contra las mujeres incluyendo las desapariciones con fines de explotación sexual, extorsiones, robos y asaltos en casas, calles, autos y transporte público.

Pero más allá de las percepciones, de acuerdo con el documento Retos para la Seguridad en el Estado de México, presentado el 4 de abril de 2017, los retos que en materia de seguridad enfrentará el gobierno mexiquense durante el periodo 2017-2023 son los siguientes: 1. Crear un Sistema Estatal de Seguridad Pública, armonizado con el Sistema Nacional y sustentado en nuevas leyes estatales. 2. Fortalecer y ampliar los mecanismos de prevención y control interno contra la corrupción. 3. Depurar e incrementar el personal policial, con rigurosos controles de perfil profesional y de confianza, homologando los diferentes tipos policiales. 4. Mejorar el salario y las condiciones, con base en su desempeño y desarrollo profesional, a todos los niveles del personal policial. 5. Profesionalización, formación, capacitación y certificación para todo el personal policial. 6. Fortalecer e incrementar las estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia. 7. Promover la creación y actualización de estrategias de inteligencia y análisis criminal, para su implementación a nivel estatal y municipal. 8. Actualización de estrategias y protocolos para la operación en campo. 9. Nuevas normas para centros de mando, su equipamiento, personal e interacción con inteligencia y operación. 10. Más y mejor infraestructura y equipamiento para las policías estatal y municipales, con sus respectivas condiciones de operación y mantenimiento suficientes. 11. Nuevo modelo de coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad, de los órdenes de gobierno federal, estatales y municipal adecuado, realista y eficaz. 12. Rendición de cuentas y Sistema de Responsabilidades específico de Mandos policiales superiores. 13. Nuevo modelo de participación social, con enfoque en la seguridad ciudadana. 14. Fortalecer estrategias de publicidad de los resultados en el combate a la delincuencia, promover la cultura de la denuncia y favorecer la dignificación de los cuerpos policiales. 15. Fortalecer acciones para la implantación de la cultura de la legalidad en las instituciones y diversos sectores de la sociedad. (11-12).

De las propuestas anteriores la que más llama la atención es la consignada en el punto 13 pues remite a la creación de un modelo de participación social enfocado a la “seguridad ciudadana”. El documento citado fue elaborado por un panel de expertos y expertas en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, para quienes se debe romper el paradigma que sostiene la visión estado-céntrica en torno a la seguridad, dado “que el estado no ha sido capaz de brindarle (a la comunidad) la protección efectiva frente al delito y la violencia, quedando la relación gobierno–gobernado fracturada”. (19).

Abandonar la visión Estado-céntrica supone corresponsabilizar a la ciudadanía en torno a su seguridad personal, patrimonial y de derechos humanos y su participación en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. Implica también visualizar a la comunidad como el ente que busca mejorar su nivel de seguridad e integridad de frente a las limitaciones del Estado.

Es entonces que la nueva administración del Estado de México deberá, después de reconocer que todo lo probado hasta ahora, por administraciones anteriores, ha sido insuficiente para disminuir de manera importante los índices de violencia e inseguridad y reconocer sus limitaciones, contemplar la necesidad de contar con la participación ciudadana en un nuevo esquema de seguridad pública-ciudadana, sin abandonar su obligación primordial de brindar seguridad física y patrimonial a sus gobernados y gobernadas. La pregunta obligada es: ¿podrá quien ocupe la gubernatura del Estado de México afrontar semejante reto?

Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana