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La inseguridad es la pesadilla diaria que vivimos los mexicanos: su crecimiento a lo largo de tantos años se ha convertido en psicosis.
Homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y desapariciones, con el trasfondo del narcotráfico y la corrupción por la coparticipación de autoridades, pareciera ser el fondo del problema. La población indefensa. Ayotzinapa así como la fosa recién descubierta en Piedras Negras, Veracruz, indican la gravedad del problema de las desapariciones. La cantidad de homicidios ocurridos en los últimos años es espeluznante.
Solo en el gobierno de Felipe Calderón se registraron más de 120 mil homicidios y, hasta 2016 en el presente gobierno, se han registrado 75 mil 752. Si a esto sumamos el número de desapariciones, muchas de estas forzadas, concluiremos que la cantidad ronda los 250 mil.
Como se ha dicho, en Ayotzinapa la repuesta del gobierno fue lenta y errática. El camino no era aplicar leyes federales, toda vez que en Guerrero existe desde noviembre de 2006 una legislación local que tipifica la desaparición forzada de personas, cuyo objetivo es perseguir y erradicar las actividades realizadas por el Estado o particulares que coadyuven en la desaparición de las personas. Se trata de un delito fácil de acreditar y probar, con una pena privativa de la libertad severa, que puede llegar a los 50 años de prisión, sin pre liberación, que solo se puede atenuar por la colaboración de los implicados en la localización de las víctimas o de sus restos.
Llama la atención que hasta la fecha, fuera del estado de Guerrero, ninguna entidad haya legislado sobre la desaparición forzada de personas y que, fuera de ésta entidad, no es delito federal ni local. Esto es, si usted va al Ministerio Público a denunciar la desaparición forzada de una persona, le dirán que eso no es un delito y por ello no puede existir investigación.
Lo paradójico es que en Guerrero, existiendo la Ley, no haya sido aplicada para los efectos que se creó. ¿Cuál fue la razón de su no aplicación?, la ignoro. Lo único que sé es que ha sido un gran costo político para el Ejecutivo federal.
Hoy de nuevo la sociedad reclama la solución de las desapariciones y todos los delitos dolosos, más al recordar la pavorosa cifra de 54 mil desaparecidos en los últimos 10 años.
La realidad exige crear una Comisión cuyo objetivo primordial sea esclarecer y solucionar las desapariciones que laceran a la sociedad, para localizar a las personas o poder, cuando menos, entregar a las familias sus restos. Atendiendo a lo ocurrido en los últimos años, debemos concluir que los únicos interesados en buscar a los desaparecidos son sus familiares, quienes dedican tiempo, dinero y sacrificios para iniciar una búsqueda sin fin y sin ayuda de las autoridades, y así esclarecer el paradero de sus padres, hijos o hermanos.
Pienso que los indicados para encabezar esta Comisión son los que han sufrido en carne propia la desaparición de un familiar. Existen relatos, por cierto no publicados, en que se implica a autoridades de todos los niveles como responsables de las desapariciones, las que después de detener a los hoy desaparecidos, los entregan a la delincuencia organizada. La policía al servicio de la delincuencia y sumada a su acción.
Es una burla la fuga de los 5 narcotraficantes del penal de Sinaloa la semana pasada después de meses de prisión, y que los responsables del sistema penitenciario busquen culpar al juez de Amparo. Es hilarante teniendo en cuenta que a los fugados les fue organizada una fiesta de despedida en el penal, y que las autoridades afirman que no se dieron cuenta. Claramente los grupos delictivos controlan éste y otros penales. Mientras tanto, los que sufrimos esta parafernalia y estamos expuestos a la delincuencia somos los ciudadanos, mientras que legisladores, policías y funcionarios, en omisión de sus obligaciones, permiten y facilitan toda clase de conductas.
Urge legislar sobre desaparición forzada, crear la Comisión Nacional y otra vez reorganizar y reestructurar el Sistema de Seguridad, Justicia y Readaptación Social, así como la necesaria depuración de los cuerpos policiacos, ya que es evidente que los esfuerzos y millones gastados para certificar policías y establecer el mando único, de muy poco han servido. Es natural que las Fuerzas Armadas, quienes combaten al crimen organizado, se encuentren en constante desgaste tanto físico como ante la opinión pública, por enfrentar una labor que no les corresponde.
Notario público y ex procurador general de la República
