La capital de México está a punto de sufrir una reforma mayúscula. Esta vez no se trata sólo del nombre, sino de una reconfiguración en su estructura jurídica, que tras la entrada en vigor de una nueva Constitución, regulará las tan particulares formas de vida de los habitantes de la tercera urbe más grande del mundo. En 2018, los cambios serán diversos, entre ellos, la Ciudad de México será una más de las entidades federativas autónomas, en lugar de ser un Distrito Federal.

En un periodo relativamente corto, ha sido visible el avance hacia la democracia cada vez más participativa. Desde una figura de poder impuesta, como lo fue el regente, hemos transitado hacia la libre elección de la titularidad de la capital. Sin embargo, a diferencia de otras entidades, en nuestra Ciudad no existirá la figura de gobernador, sino que el jefe de Gobierno del Distrito Federal ahora lo será de la Ciudad de México.

Uno de los cambios a suscitarse es el de las 16 delegaciones que conforman esta metrópoli, las cuales serán sustituidas por la figura de alcaldías. No se trata únicamente de un cambio conceptual, sino que representa uno de los avances de mayor calado que la Constitución federal plantea para la nueva organización política y territorial de la Ciudad de México.

El nuevo modelo de alcaldías estará erigido por dos figuras, electas mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos; un alcalde, quien desempeñará las funciones de gobierno y administración en cada demarcación, y un concejo, cuyos integrantes serán un mecanismo de contrapeso a la actuación del primero. Así, se logrará brindar mayor certeza a los habitantes de la capital.

La transición hacia este esquema no debe tomarse a la ligera, ya que será el puente más próximo de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno. Sin duda, será a través de éste que se refirmen los principios de máxima publicidad, acceso a la información, y el derecho de la ciudadanía a ser recibida y escuchada.

La armonía y la transparencia han sido características de la Comisión de Alcaldías desde el inicio de sus trabajos en octubre pasado. Quienes integramos esta Comisión hemos buscado y promovido el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, en aras de generar gobiernos de mayor proximidad ciudadana, y con ello lograr que el gobierno de la Ciudad de México actúe de manera más efectiva ante las demandas de sus habitantes.

Para nosotros es evidente que, al dotar a las alcaldías de personalidad jurídica, recursos financieros y autonomía presupuestal, se está dando un paso para que éstas brinden a sus habitantes mayores condiciones de bienestar. Y si en este sentido se impulsa la cohesión política, sin duda los resultados serán tangibles y prósperos para la ciudadanía. Ayer, nuestros esfuerzos se hicieron palpables con la entrega del dictamen a la Mesa Directiva, con lo cual se iniciará el debate en el Pleno de la Asamblea Constituyente.

A pesar de que durante muchos años los proyectos de reforma en la Ciudad de México fueron pensados como partidistas, hoy debemos concebirlo de manera distinta, ya que son acciones que liberan a la capital de un esquema restrictivo y burocrático.

Al redactar esta nueva Constitución, hemos dejado atrás formas y modelos políticos que pugnan entre sí. Al contrario, nuestra mirada apunta hacia el frente, generando cohesión para traducirlo en soluciones concretas. Sólo de esa manera podremos realmente contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la confianza en el sistema político, trazas que tanta falta hacen a nuestro país.

Senadora por el PAN

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