Paridad de género en política

El proceso electoral que iniciará a finales de año con miras a las elecciones federales de 2018 deberá hacer vigentes los derechos a la paridad de género que prevé la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. De acuerdo con estas, las candidaturas a las cámaras del Congreso general y de las Legislaturas de los estados deberán integrarse de modo paritario. Los pueblos y comunidades indígenas habrán de elegir autoridades garantizando el derecho de participación de las mujeres paritariamente, aunque se rijan por usos y costumbres. Además, los partidos políticos y las autoridades electorales serán responsables de garantizar este derecho y podrán rechazar o cancelar candidaturas de acuerdo con tal principio.

En pocas palabras, los procesos electorales a todos los niveles incluirán por mandato constitucional y de ley la paridad de género. Es previsible que los partidos políticos y los órganos administrativos y jurisdiccionales tengan que entrenarse para cambios de esta magnitud que provocarán grandes fricciones y muy probablemente cuadros indigeribles de sexismo y machismo en contra de candidatas a todo nivel.

Los procesos electorales que se llevan a cabo este año acaparan la atención y condicionan percepciones y pronósticos sobre las elecciones nacionales del año próximo. No será sino después de junio que la opinión pública empiece a poner atención sobre los detalles de las elecciones federales y locales de 2018. La paridad política es un derecho de género que conceptualmente se inscribe en el derecho a la igualdad política como principio elemental de la sociedad democrática. La igualdad política entre hombres y mujeres tiene que ser construida a partir de la paridad de género. Contra ella se levantan prejuicios muy poderosos. La idea muy extendida de que las mujeres deben reservarse a las tareas del hogar y la familia, y jugar un papel segundario o nulo en los asuntos políticos es el mayor de ellos y el que más riesgos implica para la participación política de las mujeres. La mayor parte de las actividades profesionales, incluida la política, son principalmente masculinas. A pesar del empuje que han tenido los movimientos por la igualdad de género, las posibilidades de participación en todos los ámbitos y en todos los grupos de edad siguen siendo reducidas, y la pugna por ampliarlas sigue siendo fuente de conflicto y violencia en su contra.

El prejuicio tiene arraigo en muchas partes. La campaña presidencial de Hillary Clinton produjo una ola masiva de ataques en su contra por ser mujer, además de abrir la Caja de Pandora y soltar los demonios reaccionarios reprimidos por el avance progresista. Si en ese país el machismo se manifiesta políticamente con toda su virulencia, ¿qué nos espera en el nuestro también sujeto de mentalidades ancestrales?

Los órganos electorales tienen frente a sí una tarea muy difícil. La simulación en la que incurrieron varios partidos en el pasado para usar a las mujeres como ficha de cambio para enroques de candidatos varones no da mucha esperanza de que los partidos vayan a ser, esta vez, ejemplares en el respeto a la paridad. Más bien se perfila que serán el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los que verán amontonarse los casos de denuncias y situaciones en las que tendrán que intervenir como herramienta de regulación y sanción.

Las elecciones de 2018 tendrán este nuevo componente y es de esperar que las autoridades electorales se hallen preparadas para enfrentar sus consecuencias. Hay que recordar que el artículo Primero Constitucional les obliga a colocar los derechos humanos por encima de toda otra consideración en el ejercicio de su autoridad. Será una de las pruebas de fuego en el borrascoso año 2018.

Director de Flacso en México.
@ pacovaldesu