NL se reconoce incapaz en seguridad y claudica

Francisco Rivas

El estado de Nuevo León, a través de sus representantes democráticamente electos, decidió claudicar y reconocer su incapacidad para garantizar seguridad para sus ciudadanos.

El pasado jueves 1 de junio los diputados del Congreso de esa entidad aprobaron la iniciativa de reforma al artículo 17 del Código Penal del Estado de Nuevo León, a través de la cual, permiten mayor letalidad en la legítima defensa para los ciudadanos.

Es decir, bajo el argumento de las fallas del sistema y el justificado temor ciudadano, el congreso estatal justifica el homicidio y las lesiones dolosas graves de un presunto agresor, como una forma aceptable de legítima defensa.

Es innegable que en nuestro país estamos viviendo una ola de incidencia delictiva cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos: robos en las calles, casas, negocios, secuestro exprés y extorsivo, amenazas y lesiones que afectan nuestro día a día en el total desamparo e impunidad.

También es cierto que si somos víctimas de un delito sufrimos las consecuencias del mismo, somos revictimizados al acudir a presentar nuestra denuncia y difícilmente accedemos a la justicia u obtenemos una reparación del daño.

Todos estos hechos llevan a la sociedad a exigir seguridad a como dé lugar. Sin embargo, estas acciones innegables chocan con el principio básico de qué y para qué es la justicia y el aparato estatal.

Si bien como víctima puede ser difícil de aceptar, justicia no es venganza. La justicia la administra el Estado precisamente porque opera bajo normas establecidas que limitan su acción en un intento por garantizar la dignidad de las personas, independientemente del delito cometido.

La justicia no se sustenta en la entendible rabia y dolor de una víctima, en la frustración y el trauma que lleva a desear que el culpable de un delito pague en carne propia el dolor que, quienes hemos sido víctimas del delito, vivimos. La justicia se rige por acuerdos sociales de qué sí y qué no está permitido; y cuáles las sanciones que el Estado debe imponer en caso de infracciones o delitos.

Si el argumento de base que da pie a esta reforma de ley es la incapacidad del Estado en materia de seguridad y justicia ¿qué podemos esperar en términos de aumento de violencia para Nuevo León? ¿Qué podemos esperar en términos de violaciones a derechos humanos, fabricación de culpables, corrupción para eximir de culpas o comprar impunidad? Si lo que la autoridad admite es su ineptitud para prevenir el delito, investigar casos, administrar justicia ¿cómo puede garantizar esa adecuada operación ante posibles ejecuciones entre ciudadanos?

Esta reforma abre un frente por sus ambigüedades -se amplió el criterio para los ciudadanos que actúen en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente- y por las implicaciones que tiene. En Nuevo León la autoridad encargada de generar seguridad y justicia no sirve, no puede y ya se rindió.

Esta reforma nos lleva a la pregunta obligada de ¿para qué mantener con nuestros impuestos todo un aparato inútil si en quien recae la seguridad es el individuo? ¿Para qué pagar sueldos de policías, ministerios públicos, peritos y jueces si la justicia está en mano de un ciudadano?

¿Cómo podrá un Estado que se reconoce inútil e incapaz, demostrar que quien actuó, lo hizo para rechazar a un agresor en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, cualquiera que sea el daño causado al agresor?

Aún más, en un país de privilegios y exclusiones, donde quien cuenta con recursos económicos todo lo puede y, quien no, vive en constante peligro, ¿cómo aumentar la sensación de seguridad si guaruras y mirreyes prepotentes con arma en mano podrán resolver hasta el mínimo conflicto de tránsito, argumentando legítima defensa?

Los congresistas de Nuevo León son una vergüenza para nuestro país, exhibieron su ignorancia y superficialidad para enfrentar un fenómeno tan complejo como es la seguridad, donde la clave debe ser un sólido Estado Democrático de Derecho.

Señores diputados si no conocen el tema investiguen, infórmense, no respondan a la violencia con más violencia, aumentado los factores de riesgo.

Para que esta reforma al artículo 17 sea aplicada, se requiere de la aprobación de más del 50 por ciento de los municipios, por lo que a través de este espacio hago un llamado para que la rechacen y trabajen en mejorar las condiciones de policías y -en el caso estatal- de la Procuraduría, para reducir la incidencia delictiva.

Debemos observar el caso de la República de Filipinas donde se implementó una reforma similar, sustentada en argumentos similares, y que ha traído como consecuencia una ola de violencia que difícilmente se podrá revertir.

Señores diputados trabajen para vigilar el actuar de las autoridades de seguridad y procuración de justicia, vigilen y exijan rendición de cuentas en materia de gasto en este rubro, combatan la corrupción en vez de actuar irresponsablemente, porque, recuerden, la sangre que se verterá por esta reforma es sangre que manchará sus manos, su trayectoria y estará en sus consciencias.

 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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