Combatimos 6 de cada 100 delitos y sobre esos, impunidad

Francisco Rivas

Si bien podemos afirmar que en 2015 se cometieron en general menos delitos, parece que el acceso a la justicia sigue sin mejorar

La semana pasada el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2016; los resultados en evidencia: en 2015 los mexicanos denunciamos muy poco los delitos a la autoridad correspondiente, cuando lo hacemos sólo en 60% de los casos se inicia una investigación formal, y de esos, en casi la mitad “no pasa nada”. Además, nos sentimos cada vez más inseguros y esta inseguridad es perceptible en nuestro microcosmos a pesar de la disminución de delitos y víctimas.

El ejercicio que el Inegi hace para dar a conocer de qué delitos somos víctimas los mexicanos, si fuimos o no a denunciar, por qué sí o por qué no lo hicimos, qué opinamos de nuestras autoridades de seguridad y justicia, qué costo tuvo la inseguridad para las familias y qué tan seguros nos sentimos ha mostrado ser un instrumento sólido y objetivo de la vivencia ciudadana que en lo agregado muestra un comportamiento similar a lo que sucede con el número de denuncias que las víctimas de un delito hacemos ante un Ministerio Público (MP).

De esta manera, si bien podemos afirmar que en 2015 se cometieron en general menos delitos y hubo menos víctimas de delitos, parece que el acceso a la justicia, la confianza institucional, su solidez y capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos sigue sin mejorar.

Las causas podrían ser que en la última década el presupuesto designado para las instituciones de seguridad ha crecido sustancialmente, mientras que los recursos destinados a la procuración de justicia siguen siendo prácticamente los mismos; esto naturalmente se refleja en carencias de personal, de procesos de formación de cuadros, desarrollo profesional, capacitación, insumos tecnológicos, etcétera.

Impensable lograr ser más exitoso en la resolución de delitos si el número de estos creció en la última década, si el comportamiento criminal se complejizó y el número de personas encargadas de investigarlo y combatirlo es el mismo y con los mismos insumos; poco probable es que se logre la confianza alrededor de una procuración de justicia poco eficaz, compuesta por personal mal pagado, mal capacitado, mal equipado; ahí donde no hay un compromiso profundo por consolidar una cultura de la legalidad en las instituciones difícilmente se contará con personal íntegro. Sin personal íntegro es natural que los MP hagan lo imposible por disuadir a las víctimas que denuncien, que hagan justicia a modo, que no respeten los derechos humanos y el debido proceso y que utilicen el sembrado de pruebas o la tortura como un método para obtener elementos que de otra manera no obtendrían, lo que deriva en una cada vez mayor desconfianza ciudadana.

Si bien hablo de que la necesidad de mayores recursos para la procuración de justicia es una de las posibles causas de por qué denunciamos menos, percibimos que en casi la mitad de los casos en que lo hicimos no pasó nada y que la segunda autoridad menos confiable en México es el MP, la verdad es que el problema es falta de apoyo político al tema.

Hace falta que los titulares del Ejecutivo federal y de los estatales, así como los respectivos Congresos asuman, como una urgencia, el apoyo a la procuración de justicia, supervisada, con contrapesos y con la obligación de rendir cuentas; es hora de que policías de investigación o ministeriales, peritos y ministerios públicos cuenten con sistemas de desarrollo profesional en los cuales se premie a los mejores; que cuenten con áreas dignas de trabajo donde puedan atender a una víctima como se merece; que la ciudadanía especializada pueda monitorear y dar recomendaciones sobre procesos y uso de recursos y que éstos estén dedicados a lo que debe ser y no a comidas lujosas de procuradores, escoltas y camionetas para atender a los poderosos o simplemente a la compra de insumos más caros de lo debido.

Es hora de que se investigue y combata un cantidad de delitos equiparables a los de otras naciones con el tamaño de nuestra economía, es decir por lo menos un 40% y no un pobre 6%, del cual, en 50% de los casos, no pasa nada.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

@frarivasCoL

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