La violencia no cede y no hay consecuencias

Francisco Rivas

La violencia en el país parece no querer ceder, la disminución de homicidios dolosos iniciada a mediados de 2012 se interrumpió. A partir de abril de 2015 ha mantenido un crecimiento que no permite vislumbrar mejoras en el corto y mediano plazo.
Si analizamos los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2014 a 2015 el homicidio doloso aumentó 8.82%; para el año sucesivo el crecimiento fue de 20.78%. En 2017 los datos apuntan a una crisis más severa, simplemente si se comparan los primeros cinco meses del año contra el mismo periodo de 2016, el crecimiento del homicidio doloso es de 29.49%.
Por si fuera poco, si bien aún no han sido publicados los datos de junio, la información reportada por medios de comunicación hace suponer que el número de homicidios que la autoridad reportará será similar a la de mayo. 
Por su parte, sólo en los primeros 5 días de julio, los casos de homicidios múltiples de Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero han agregado por lo menos 80 víctimas más al número de personas que han perdido la vida en este proceso de descomposición y violencia.
La serie de preguntas recurrentes que surgen al analizar esta información, tratan de dar una explicación a esta crisis: ¿Qué mantiene viva la violencia? ¿Por qué no se sostuvieron las bajas en los delitos? ¿Qué debemos hacer para contrarrestar esta situación?
Sobre esto, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advertimos desde 2014 que la estadística oficial permitía alertar a una mayor prudencia en cantar victoria, que los datos señalaban que no había forma de garantizar que las reducciones –tan presumidas por autoridades- se pudiesen mantener y que, en este sentido, las políticas públicas vigentes no correspondían a diagnósticos o a información sólida.
En el ONC enfatizamos en la necesidad de combatir el tráfico y comercio de armas, la estructura financiera de los delincuentes, la corrupción entre autoridades y delincuentes, al tiempo en que se debían desarrollar las capacidades locales de las instituciones de seguridad y justicia, y se retomara la rectoría de los penales del país.
El argumento se centraba en que de poco sirve enfrentar frontalmente a delincuentes si no se contaba con las acciones que llevan a una adecuada prevención, reacción, investigación y sanción del delito. Que una autoridad sin estructura, formación e insumos no puede llevar a cabo el conjunto de estas acciones y que cuando éstas no se realizan, la impunidad derivada funge casi como incentivo a la comisión de más delitos.
De igual forma, un delincuente con dinero puede comprar voluntades y armas con facilidad, así como delinquir sin problemas, incluso desde un CERSO. Sin embargo, las políticas públicas siguen sin mostrar evidencia de resultados. La violencia por arma de fuego aumenta, no tenemos resultados en extinción de dominio o lavado de dinero, las redes de corrupción siguen vigentes y los centros penitenciarios en el autogobierno.
Precisamente hoy vimos en el Centro de Readaptación Social Las Cruces de Acapulco, que un enfrentamiento entre reos dejó por lo menos 28 muertos y un herido. Tan sólo hace pocas semanas en el penal de Topo Chico, Nuevo León, brotes de violencia dejaron como consecuencia un saldo de 49 muertos y 12 heridos. La violencia en centros penitenciarios y la evidencia de comisión de delitos son consecuencia de esas fallas enumeradas y que parece que la autoridad no logra reconocer.
Desde el punto de vista de la construcción de capacidades locales, las deudas de gobiernos estatales y municipales son muchas. Éstas van desde el estado de fuerza de sus policías, su capacitación y equipamiento, hasta las condiciones en las que versan procuradurías y fiscalías estatales, donde policías ministeriales, peritos o ministerios públicos se encuentran rebasados por cargas de trabajo, con deficiencias generales de capacitación e insumos, y donde en particular el desabasto y la incapacidad, hacen de las áreas forenses o periciales un obstáculo para producir resultados de investigación.
Ante la suma de carencias locales y no obstante los miles de millones de pesos invertidos, el paliativo sigue siendo la intervención de fuerzas federales para lograr mínimos aceptables de habitabilidad.
Guerrero puede ser el ejemplo. Ya desde 2003 el homicidio doloso venía creciendo, llegando a su incidencia máxima en 2012, a lo que siguió un breve descenso y después un repunte importante en 2015. La extorsión por su parte inicia su escalada en 2006 y llega a su pico máximo en 2015, mientras que el secuestro crece de manera exponencial de 2009 a 2013.
Guerrero cerró 2016 como segundo lugar nacional en homicidio doloso, noveno en homicidio culposo, cuarto en secuestro y noveno en extorsión, y los primeros cinco meses de 2017 se ha mantenido como segundo lugar nacional en tasas de homicidio, sexto en secuestro y en el lugar número trece en extorsión. Todo esto, en un contexto donde las capacidades locales de seguridad y justicia son el ejemplo negativo que se usa para advertir lo que no queremos ver.
Los datos apuntan a que 2017 será el peor año de violencia de la historia de México, y hoy nada hace pensar que el 2018 será más seguro. Esto seguirá así mientas las autoridades insistan en minimizar, relativizar o buscar a qué le echan la culpa –hoy es la implementación del Sistema Penal Adversarial, hace un par de meses las tasas poblacionales que no favorecían a ciertas entidades o municipios-, todo con tal de no reconocer.
En contraste, lo que urge es atender los factores sustanciales que mantienen vigente la violencia, evaluar y replantear las estrategias sobre la base de evidencias y, por qué no, que empiecen a rodar cabezas. No es posible que, ante la falta de resultados, las autoridades sigan una y otra vez proponiendo recetas que no sirven, protegidos y mantenidos por nuestros impuestos, dejando los platos rotos de su incompetencia a la ciudadanía.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
***En la foto: Más de 200 mujeres esperaron la respuesta a una pregunta: “¿Mi hijo, esposo, hermano, padre está vivo?”. (FOTO: SALVADOR CISNEROS. EL UNIVERSAL)

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