Se cierra la puerta

Enrique Berruga Filloy

No deja de sorprender que el primer paso oficial que ha dado la administración Trump en materia migratoria esté dedicado a controlar la migración legal y no a los indocumentados. La propuesta de ley denominada “Reformando la Migración Americana para Fortalecer el Empleo” (RAISE, en sus siglas en inglés), recortará a la mitad el número de migrantes legales que serán autorizados en territorio estadounidense. Pasarán de 100 a 50 mil green cards anuales.

La intención de esta iniciativa es atraer talento de altas calificaciones intelectuales y laborales a Estados Unidos, en lo que se ha dado en llamar migración por mérito. Se establece un sistema de puntos, donde se mide el grado de escolaridad y de logros profesionales. En el cuestionario llaman la atención dos preguntas: ¿Ha obtenido alguna vez el Premio Nobel? Y ¿Ha ganado alguna medalla en Juegos Olímpicos? Esta categoría que puede ser pertinente para una docena de personas resulta tan absurda en un cuestionario de uso masivo que solamente puede explicarse como una señal del tipo de personas que intenta atraer Estados Unidos como migrante.

El aspirante ideal a migrar legalmente deberá ser joven, hablar inglés, tener al menos un grado académico de maestría de preferencia obtenido en una universidad estadounidense e ingresos superiores a los 100 mil dólares anuales. Pensemos ahora en un mexicano joven, con esos niveles académicos y de ingreso y pleno dominio del inglés. Las probabilidades de que ese joven se interese por formarse en la fila y lanzarse a conquistar el sueño americano serán muy escasas, a menos que (y quizá aquí está el truco) reciba una invitación de trabajo por parte de alguna corporación norteamericana.

De esta forma la ley RAISE crearía en los hechos una agencia de contrataciones organizada por el Estado. Se plantea que la intención es atraer a las élites intelectuales y profesionales del mundo al mercado laboral estadounidense y, sobre todo, evitar que lleguen migrantes dispuestos a cobrar salarios bajos, con lo cual los ingresos de todos los demás trabajadores se verían fortalecidos. En sus propios méritos y pensando en el poder adquisitivo de los empleados, el planteamiento pudiera sonar sensato. Sin embargo, cuando al mismo tiempo el gobierno de Trump busca exportar más de lo que importa y revivir la industria anacrónica del carbón, las cuentas no salen. Con salarios más elevados va a ser punto menos que imposible exportar manufacturas que China o México fabrican por una fracción de ese precio.

Las posibilidades de que esta iniciativa de ley prospere son muy reducidas. Los seis millones de empleos que requiere generar la economía de Estados Unidos para tener crecimientos superiores a 2% del PIB no pueden ser cubiertos por migrantes con doctorados. Los números no cuadran. Esta propuesta legislativa debe tomarse más en el tono nacionalista de la nueva administración y también como una señal contundente de que nuevos migrantes, sobre todo indocumentados, podrán seguir encontrando trabajo, pero ninguna vía para hacerlo de manera legal.

 

Internacionalista

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