Los problemas de México en materia de derechos humanos no son pocos y no son nuevos. Al menos desde hace 25 años, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el país comenzó una ruta hacia el respeto a las garantías fundamentales. Hay avances, pero también serios rezagos, de sobra conocidos. En el papel de vigilante global, el gobierno de Estados Unidos salió ayer a enumerar las faltas en la materia que prevalecen en los países del mundo, excepto lo que ocurre en suelo estadounidense. Un registro que sólo señala, pero no ofrece soluciones o alternativas.

El Departamento de Estado enlista los temas conocidos: las atrocidades de los grupos Boko Haram y el Estado Islámico, por ejemplo, además del caso Ayotzinapa, aunque no mira hacia adentro para reconocer los graves problemas de derechos humanos y racismo que enfrentan: el más reciente, el ataque de un joven blanco contra una comunidad religiosa en Charleston. Ese informe, que de manera anual realiza el gobierno estadounidense, sirve como guía al Congreso de esa nación para conceder ayuda a países.

En México, en los últimos años, a la CNDH se han sumado organizaciones no gubernamentales que velan también por el respeto a los derechos humanos. Y ha sido esta presión interna la que ha logrado modificaciones en la forma de actuar de instituciones oficiales. Tras las acusaciones de abusos cometidos por militares en su labor de combate al crimen organizado, el Ejército modificó su actuación y comenzó una campaña de capacitación para proceder bajo la premisa de respetar las garantías individuales de la ciudadanía.

En el caso de Ayotzinapa ha sido también la presión de la sociedad la que ha obligado a investigaciones a fondo. Actualmente expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coadyuvan en las pesquisas.

El reporte de 40 páginas presentado ayer en Washington no es para ignorarse, obviamente, pero no es con certificaciones o juicios al estilo de “graves abusos” o “problemas significativos en México” como Estados Unidos resolverá el problema. Sirven más los apoyos para capacitar a agentes policiacos, evaluar a corporaciones de seguridad y fortalecer a grupos sociales que cualquier calificativo emitido.

El papel que se adjudica el gobierno estadounidense ya lo desempeñan organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas y otras agrupaciones han analizado la situación en México y el país no ha salido bien librado. Es largo aún el camino por recorrer en materia de derechos humanos, el tema no debe evadirse, pero hay instancias con más autoridad moral que el gobierno estadounidense para señalarlas.

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