Firmeza contra los chupaductos

Editorial EL UNIVERSAL

La ordeña de ductos de Pemex se convirtió en una bomba de tiempo para los gobiernos estatales y federal. Gracias a la cadena de omisiones y/o complicidades de múltiples funcionarios, alcaldes, gobernadores y de las propias autoridades federales a lo largo de años, esta vertiente del crimen organizado, que deja jugosas ganancias a quien la lleva a cabo, probó el pasado miércoles en Puebla —tras una emboscada de los chupaductos a miembros del Ejército, con escudos humanos de los pobladores y un saldo de cuatro militares muertos— haber rebasado de manera preocupante a nuestras autoridades.

Ante ello, la muerte de estos cuatro militares a manos de huachicoleros debe marcar un punto de inflexión a la hora de determinar que, por estar debidamente justificado y ser necesario, debe hacerse uso de la fuerza contra los criminales, pero siempre apegada a protocolos y con el único objetivo de restablecer la paz y el Estado de Derecho en aquellas zonas donde éstos sean vulnerados.

Y debe ser un parteaguas porque lo visto el miércoles en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, donde cobardemente los chupaductos emplearon a mujeres y niños para evitar la respuesta armada de los militares prueba, tristemente, que el nivel de descomposición social en algunas partes del territorio nacional ha llevado a que el interés de ciertos grupos criminales, en este caso los huachicoleros, sea también el de la mayoría o buena parte de los habitantes de un poblado.

Lo anterior, además de grave por la generalizada cultura de tolerancia y complicidad criminal que deja entrever, dificulta exponencialmente el combate de este ilícito pues, como ocurre con el narcotráfico, del cual se ve beneficiada una larga cadena de personas, el robo de combustible igualmente supone para buen porcentaje de la población de muchos poblados una fuente ilícita de sustento.

Están por verse los resultados de los operativos coordinados entre los gobiernos federal, de Puebla y la Sedena que, detallaba ayer el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, incluirán a tres mil elementos militares y de la policía estatal con equipo de artillería y helicópteros. Algo positivo es que los operativos contemplarán programas sociales para hacerle ver a la población que la vía de la ilegalidad no es la correcta y para que se den cuenta que sólo están siendo utilizados por la delincuencia, así como un programa para las escuelas de la región, para crear conciencia entre la población más joven sobre civismo y ética.

Y debiera ser en este último rubro, el de la educación, donde nuestras autoridades pongan más énfasis. Porque al decomisar combustible, detener personas o recuperar vehículos robados solo están abatiendo las consecuencias y no las causas del problema.

 

 
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