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Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y en el previsible escenario de que el magnate lleve a la práctica una de sus principales banderas de campaña: modificar los términos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) —suscrito hace más de dos décadas por los gobiernos de México, Canadá y EU—, el gobierno mexicano debe comenzar a evaluar la estrategia con la que responderá a una amenaza de este tipo. Recordemos: el comercio con Estados Unidos es, de lejos, la principal fuente de ingresos para México.
Son incuestionables los beneficios económicos del tratado con Estados Unidos y Canadá. Tan es así que, contrario a lo que en múltiples ocasiones afirmó Trump en la campaña, este instrumento ha traído empleos, progreso y crecimiento económico para las tres naciones, en especial para Estados Unidos, y ha vuelto profundamente interdependientes a las economías norteamericanas. No se han sustituído empleos de estadounidenses, simplemente se ha hecho más eficiente (y de menor costo) la producción de bienes.
Por ello es que sería suicida una decisión unilateral del acuerdo por parte de Estados Unidos. Por fortuna el vecino es una nación con tradiciones democráticas sólidas. Donald Trump, como presidente, no tiene las facultades de restringir o mutilar el tratado aunque quiera, pues para ello requiere del aval de las Cámaras legislativas de su país, mismas que, pese a haber sido ganadas en su mayoría por los republicanos, tienen entre los integrantes de ambos partidos a defensores del libre comercio. Para algunos estados de la Unión Americana —a cuyo electorado responden realmente los legisladores, no a su partido— un cambio en la norma implicaría pérdida de competitividad en industrias.
Pero aun suponiendo que se no materializara en su totalidad la retórica de Trump, en México deben tomarse las previsiones necesarias. En ese sentido es positivo que ayer representantes del gobierno federal y del sector empresarial mexicanos hayan acordado trabajar con unidad ante una posible renegociación del TLCAN.
Para cuando el empresario asuma la presidencia en enero próximo, el gobierno mexicano deberá tener clara una ruta a seguir en coordinación con los sectores productivos. No hay que descartar el empleo de una herramienta muy socorrida en los congresos estadounidenses y que tiene alta efectividad: el lobbying. Si Trump se vuelve intratable, cabe confiar en la racionalidad de los legisladores demócratas e incluso republicanos.
Los próximos cuatro años serán difíciles para México. Lo mejor será planear para impedir que durante ese tiempo la unión de América del Norte se fracture sin remedio.
