Al Ejército ¿quién lo apoya?

Editorial EL UNIVERSAL

En las primeras horas del pasado viernes vehículos militares fueron blanco de una emboscada a la entrada de Culiacán, Sinaloa. Vecinos de la zona que narran los hechos los refieren como una “madrugada de terror”. Las dos unidades Humvee en que se desplazaban los militares resultaron destruidas por detonaciones de granadas e impactos de fusiles Barret calibre 50. Cinco soldados perdieron la vida y 10 resultaron heridos.

Cualquier acto de emboscada requiere una mínima planeación: conocer la ruta que recorrerá el objetivo, qué tipo de protección cuenta y el poder de fuego del que puede hacer uso. ¿Cómo conocieron los agresores esos datos? Esta es la línea de investigación que está siguiendo la Procuraduría General de la República y los primeros indicios apuntan hacia fugas de información de las policías municipales de Badiraguato y de la capital de Sinaloa.

El país lleva años inmerso en un proceso inacabado de evaluación policial y profesionalización de sus elementos. Los logros obtenidos no son homogéneos; en algunas entidades y municipios los resultados los percibe la ciudadanía, pero en otros la situación de fragilidad policiaca se mantiene con el elevado riesgo de que los elementos de seguridad estén al servicio de grupos criminales.

Desde diciembre de 2014 el Ejecutivo federal propuso en una iniciativa de ley modificaciones a las estructuras policiacas estatales y municipales, que tenían como eje rector combatir la infiltración de la delincuencia.

Apenas este año el Senado aprobó una reforma que prevé la intervención de corporaciones policiacas estatales y municipales, así como la homologación del desempeño de los cuerpos de seguridad. También establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública realice evaluaciones y auditorías, y que ninguna persona podrá ingresar sin haber sido evaluada. Los cambios aún no entran en vigor porque está pendiente la ratificación de la Cámara de Diputados.

Ante los ataques que ha sufrido el Ejército las medidas llegarán tarde. Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 15 de septiembre de 2016 han muerto 478 elementos de tropa en operativos contra el narcotráfico. Tamaulipas registra la mayor cantidad de ataques contra las Fuerzas Armadas; seguido por Sinaloa.

En la lucha contra el crimen organizado las Fuerzas Armadas han ido a contracorriente: la falta de un reglamento que dibuje la ruta legal de su actuación, enfrentar a grupos que cuentan con armamento igual o incluso superior y el riesgo de que corporaciones estatales y municipales se encuentren infiltradas, lo que representa en los hechos dialogar con el enemigo. Seguramente el Ejército seguirá algunos años más realizando tareas que no le corresponden; démosle, entonces, elementos mínimos de seguridad.

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