¿Reversa a derechos sociales?

Editorial EL UNIVERSAL

Ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) informó a la Cámara de Diputados que los promotores de la denominada “Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia” lograron acreditar el número mínimo de firmas requeridas de ciudadanos para que ahora el Congreso de la Unión tenga que realizar una propuesta de dicho grupo: establecer que el matrimonio es sólo la unión entre un hombre y una mujer.

¿Qué significa lo anterior? Excluir a las parejas homosexuales de la posibilidad de casarse y, por lo tanto, de tener los derechos derivados de esta unión, como la adopción de hijos.

Como se ha podido observar en los últimos meses, desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentara ante el Congreso su iniciativa para instaurar a nivel federal el llamado matrimonio igualitario, sectores de la población conservadores han iniciado una campaña en contra de esta posibilidad. Dicen que se atenta contra “la familia”, como si ese concepto obedeciera a un ideal vigente. Hace mucho que el clásico esquema de padre, madre e hijos dejó de ser homogéneo en México y el resto del mundo occidental.

Por un lado, hay que congratularse de que este nuevo tipo de participación ciudadana esté en uso. Quienes promueven la iniciativa hacen uso de una herramienta de democracia directa que fortalece a las desprestigiadas instituciones mexicanas.

Sin embargo, el análisis y debate de esta moción ciudadana deberá darse en San Lázaro sin la tentación de satisfacer a poderosos sectores de la población, incluso si son los mayoritarios. Quienes tienen preferencias sexuales distintas a las “tradicionales” poseen los mismos derechos que el resto de los individuos. Nadie en una democracia del Siglo XXI —salvo algunos nostálgicos del pasado— se atreve a decir en público que los homosexuales están en un rango inferior de humanidad.

Recordemos que en jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que toda legislación en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo es discriminatoria y por ende inconstitucional.

Independientemente de creencias religiosas y códigos morales, los legisladores deben tener en cuenta que dar marcha atrás a derechos sociales adquiridos sería un gran retroceso. Nos convertiría como país en foco de escarnio mundial.

Se dice que el PRI perdió gubernaturas en algunos estados, durante la pasada elección, debido a la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios. No está probado, pero algunos políticos podrían tomar el ejemplo para ver el beneficio político de volver al pasado. Deberían pensarlo dos veces; la ganancia de corto plazo se revertiría en desprestigio para la posteridad.

El México de hoy, guste o no, es en una sociedad diversa, plural y multicultural. Eso no cambiará con una modificación legislativa, pero sí podría dividir más al país.

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