Estados: la tarea pendiente

En la lucha contra el narcotráfico los actores principales han sido desde hace casi 10 años los elementos del Ejército Mexicano, así como efectivos de la Policía Federal, poco después se integraron miembros de la Armada.

Los señalamientos de abusos de derechos humanos fueron frecuentes en un principio. Mucho se ha comentado también de la falta de un marco legal para la participación militar en el combate al crimen organizado. Hace unos días el secretario de la Defensa planteó que hay un obvio desgaste, pues se trabaja “en todo el país, en todo momento, a toda hora, en la sierra y en las ciudades”. Y en efecto, las tropas han tenido que salir de los cuarteles para estar presentes en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Jalisco y Sinaloa, entre otras.

Cuando los hechos delictivos disminuyen en el estado donde están desplegados se da una normal disminución de elementos, sobre todo si en otra zona del país resurgió algún foco de violencia o se da una situación de emergencia por algún fenómeno natural.

En Sinaloa en las últimas semanas se dio un repliegue de fuerzas militares, pero en poco tiempo se dio un repunte de la violencia.

¿En qué momento el país podrá confiar en policías estatales capacitadas que puedan enfrentar delitos ligados con el narcotráfico? Porque hasta ahora situaciones como las de Sinaloa son comunes. Al poco tiempo de que hay una disminución o salida total de elementos castrenses, la violencia vuelve al escenario estatal. La ampliamente anunciada profesionalización de corporaciones policiacas es un proceso inacabado. En algunos estados hay resultados a la vista (Nuevo León, por ejemplo), pero en el resto de las entidades el avance es mínimo.

Otro dato que hoy se conoce sobre Sinaloa es que destaca en decomiso de aeronaves, embarcaciones, inmuebles y armas, pero muestra rezago en número de personas detenidas por su vinculación con grupos criminales.

La explicación, refieren fuentes castrenses a EL UNIVERSAL, es que en Sinaloa hay una extensa red de informantes al servicio del crimen organizado —policías locales y civiles—, quienes vigilan los movimientos del personal de las Fuerzas Armadas para alertar a los delincuentes, lo que dificulta las aprehensiones, y lo que confirma la necesidad de depurar de manera constante las corporaciones de seguridad locales.

El Ejército no podrá mantenerse realizando siempre labores de vigilancia. Es urgente que las corporaciones policiacas locales se renueven a partir de evaluaciones y de planes a largo plazo en el que la constante supervisión ciudadana sea clave para mejorar la seguridad. ¿Qué hace falta? ¿Voluntad política? ¿Pasarán más meses sin cuerpos de seguridad profesionales? Es hora de que respondan los estados.