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En las visitas oficiales que realizan mandatarios extranjeros al país —invitados por el Ejecutivo federal— México, como nación anfitriona, cubre gastos del visitante. Los recursos erogados tienen una justificación plena, pues estrechar relaciones con la comunidad internacional es clave para tejer alianzas, tener voz en organismos internacionales, promover el comercio, así como para alcanzar acuerdos en materia cultural o educativa.
Hace algunas semanas el candidato presidencial republicano Donald Trump estuvo en México. Llegó en su avión particular y fue trasladado en helicóptero del Hangar Presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la residencia oficial de Los Pinos. Ahora se conoce, por medio de solicitudes de información, que la aeronave pertenece al Estado Mayor Presidencial, pero no hay datos precisos de lo que costó el trayecto.
El argumento de la Presidencia de la República es que el traslado formó parte de las actividades cotidianas del Estado Mayor Presidencial, por lo que no es posible determinar el costo de manera exacta.
Otras cuatro dependencias consultadas (Gobernación, Hacienda, Sedena y el Instituto Nacional de Migración) señalaron que no tenían ninguna información sobre costos del traslado, seguridad y documentos migratorios, entre otros temas vinculados con el ingreso de Trump. La parte más preocupante es la falta de documentos en los que se autorizó la entrada al territorio nacional de Trump y sus acompañantes. ¿Omisión deliberada o producto de un error? La autoridad migratoria aún debe una explicación.
En Estados Unidos el candidato republicano catalogó ante la Comisión Electoral Federal de ese país como acto de campaña su visita relámpago a México, por lo que informó que erogó casi 116 mil dólares en el viaje entre ambos países. Si Trump registró el hecho como evento de campaña ¿no debería reembolsar al gobierno mexicano lo que gastó en trasladarlo a él y a su equipo del aeropuerto a Los Pinos, y cualquier otro cargo que se haya generado?
En la visita del magnate estadounidense, el pasado 31 de agosto y descalificada ampliamente por la opinión pública, lo menos que puede exigirse es transparencia en los recursos utilizados para movilizar al aspirante republicano. El trayecto en helicóptero, a cargo del Estado Mayor Presidencial, puede en efecto ser considerado parte de actividades cotidianas, pero a fin de cuentas se destinaron recursos (personal humano, combustible) en favor de un personaje que ha denostado al país y a su población. Lo mínimo que se pide es que el hecho no quede cubierto por la sombra de la opacidad.
