Congruencia y lucha anticorrupción

Ayer el Partido Revolucionario Institucional anunció la creación de una comisión anticorrupción al interior de su estructura, misma que, afirman en el tricolor, se encargará de hacer una revisión exhaustiva de todos aquellos que quieran ser candidatos del partido a cualquier puesto de elección popular.

En voz del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, de lo que se trata es de ofrecer a la ciudadanía perfiles de probada honestidad y prestigio. Tal comisión, afirmó Ochoa, estará atenta a todas las investigaciones que lleve a cabo el Estado mexicano en materia de corrupción.

Este anuncio es naturalmente bien recibido, en vista de lo relevante que se ha vuelto para el común de los ciudadanos el tema de combate a la corrupción, pero también debido a las consecuencias que esta lacra conlleva para México, entre las que se cuentan cuantiosas pérdidas económicas, subdesarrollo, impunidad y una pésima imagen internacional.

No obstante, quizás esta comisión anticorrupción llega tarde, dado el actual estado de cosas en el país, que en un primer plano incluye a un gobernador con licencia, Javier Duarte, prófugo de la justicia, pero también muchos casos más de priístas señalados por presuntos actos corruptos, entre ellos el Presidente.

Por supuesto que la corrupción no se limita a las filas del PRI. Comisiones anticorrupción harían falta en todos los partidos políticos. El PAN, por ejemplo, ya cuenta con la suya, misma que, sin embargo, a la fecha no ha dado grandes muestras de eficiencia.

Y justo por ello este anuncio no puede sólo significar una carta de buenas intenciones. Combatir verdaderamente el flagelo de la corrupción desde adentro del partido en el gobierno tendría una carga simbólica poderosísima y también repercusiones tangibles en el panorama político, en los distintos gobiernos y congresos a lo largo y ancho del país, y por ende en la funcionalidad de todos los entes públicos y, en última instancia, en la calidad de las instituciones mexicanas y en la vida de la ciudadanía.

El mensaje que el tricolor manda es que a los políticos parece haberles quedado claro que lo que la gente no tolera más es la impunidad. Pero habrá que ver, pues hasta ahora faltan voluntad y acciones ejemplares. Si luego de este anuncio en el PRI desean proyectar la mínima congruencia, debería iniciarse el correspondiente proceso contra ex gobernadores e incluso gobernadores de su partido señalados por la ASF, por ejemplo. Y hará falta absoluta transparencia en los criterios que use esta comisión, cuyas pesquisas podrían además tener un efecto vinculante.

En los procesos penales iniciados en contra de Javier Duarte y Guillermo Padres debe llegarse hasta las últimas consecuencias, la cárcel si es necesario. Porque si en estos casos, que sólo son la punta del iceberg de la corrupción en México, no se sanciona ejemplar y verdaderamente y se resarcen los daños a las arcas públicas, todas estas acciones anticorrupción habrán sido una farsa.