Otra vez el debido proceso

A dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el balance del caso, aún en curso y lejano a cerrarse, es preocupante. Botón de muestra es que a la fecha no se tiene una sola sentencia condenatoria del Poder Judicial de la Federación.

Además de los fuertes cuestionamientos que ha enfrentado desde sus inicios esta investigación, que ha pasado por las manos de dos procuradores generales de la República, hoy buena parte de los procesos en marcha corre peligro de venirse abajo porque alrededor de 60 de los involucrados, como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de Los Ángeles Pineda, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; Patricio Reyes Landa El Pato, Jonathan Osorio Gómez El Jona y Agustín García Reyes El Chereje —identificados como autores materiales de la desaparición— buscan la vía para quedar en libertad alegando tortura o detenciones arbitrarias.

Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes documentó 17 casos de tortura, la PGR tiene abiertas 32 investigaciones por este delito y la CNDH más de 60 casos de quejas.

Que por malas prácticas algunos de los que hoy se encuentran en prisión puedan ser liberados pondría en riesgo el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, de acuerdo con Mario Patrón, director del Centro Prodh, consultado por este diario.

Y esto trae a colación un tema que hace tiempo se debatió en nuestro país, pero que pareciera todavía no ser dimensionado adecuadamente por los actores involucrados en la administración y procuración de justicia y por la propia sociedad mexicana: el debido proceso.

Que por irregularidades en el proceso o francas violaciones a derechos humanos como son la tortura y la detención arbitraria —orientadas tal vez a construir una teoría oficial basada en declaraciones y no en pruebas científicas— los hoy sujetos a proceso y con pruebas en su contra quedaran en libertad, y presumiblemente en la impunidad, a causa de la ausencia de rigor y limpieza en los procesos, por saña y premeditación, o por un afán de acelerar la conclusión de una investigación que para el gobierno es un lastre y que hace tiempo demanda la sociedad, evidenciaría la incapacidad de las instituciones de justicia del país, y de la PGR principalmente, para hacer justicia; sobre todo por tratarse de un caso tan grave, tan discutido y e internacionalmente conocido.

Lo más grave es que hoy no existen certezas sobre el paradero de los normalistas. La investigación presenta avances, sí, pero a dos años son muy pocos y muy tarde. Además, expertos han confirmado que existen elementos que descartan que haya podido existir un incendio de la magnitud necesaria para carbonizar 43 cuerpos humanos, lo que tira por tierra la versión oficial. Queda por ver entonces si proceden estos amparos por tortura, generando aún más dudas y desechando mucho de lo avanzado en el caso.