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24/09/2016
02:10
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Este sábado habrá dos movilizaciones en la capital del país. Una afirma que se manifestará “en favor de la familia” y otra “en apoyo a la diversidad sexual”. Los temas que defienden uno y otro grupo están en polos opuestos. Los primeros están en contra de la iniciativa presidencial para plasmar en la Constitución los matrimonios igualitarios, enviada en mayo pasado al Congreso. Y los segundos saldrán a protestar para que sus libertades no se vean afectadas por la presión de un movimiento que tiene el apoyo de grupos religiosos.

En este país es válido disentir, es bienvenida la pluralidad y se puede tener una opinión contraria a la de la mayoría; lo que no puede permitirse es que los derechos de la ciudadanos se vean coartados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido varias resoluciones en las cuales ha determinado que cualquier ley estatal o federal que prohíba la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo es inconstitucional, sin embargo, debido a que la Constitución no lo establece todavía de esa manera, actualmente toda pareja que desee contraer matrimonio debe antes solicitar un amparo. Y ante ello, la iniciativa presidencial pretende precisamente subsanar dicho vacío.

El proyecto enviado al Congreso también prevé la posibilidad de que familias homoparentales puedan adoptar niños, lo que desató la desaprobación de grupos conservadores, que aseguran que la familia se encuentra “en peligro” y por lo cual iniciaron movilizaciones en todo el país para exigir que la iniciativa no se apruebe. Nadie podrá obligarlos a modificar sus ideas, pero nadie debe tampoco exigir la eliminación de los derechos del otro.

Durante siglos los homosexuales vivieron en la marginalidad, rechazados por la sociedad y condenados por la religión dominante hasta que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud resolvió excluir esta condición de la lista de trastornos mentales. Desde esa fecha colectivos de la comunidad lésbico gay han logrado avances para que sus derechos se respeten en el mundo.

En México, el artículo 1o. de la Constitución lo establece claramente: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Hoy los asistentes a las marchas deben expresar sus opiniones, actuar con cordura y, principalmente, recordar que ante la ley todos somos iguales.