Hace tiempo que la tarea política, específicamente la del legislador, dejó de ser una en la que la sola vocación basta para desempeñar de manera satisfactoria el rol de hacedor de leyes, crucial para el buen funcionamiento de cualquier gobierno y sociedad.

Es por ello que es bienvenida la iniciativa que recientemente presentó el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, de crear una Academia de Gobierno y Derecho Parlamentario.

La propuesta busca que la academia, que dependería del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de San Lázaro, por medio de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, órganos del Estado y de otros países, garantice formación y capacitación de alta calidad para los legisladores.

La idea es buena. No cabe duda que los legisladores deben profesionalizarse para mejorar su desempeño; en los diputados recae la labor de discutir las leyes que rigen a nuestra sociedad, por ello ya no pueden ser políticos improvisados. Incluso, sería deseable que, dado el nuevo esquema que permite la reelección, cada uno de los legisladores se perfilará hacia un área específica en la cual se conviertan en referentes.

De ese modo, coinciden especialistas consultados por EL UNIVERSAL que ven positivamente la iniciativa, podría generarse en la Cámara Baja el conocimiento especializado en derecho parlamentario que tanta falta hace a nuestros legisladores. Es viable, sobre todo, afirman, porque de lo que más adolecen las iniciativas de ley en el Congreso es de viabilidad técnica.

Sin embargo, también cabe preguntarse si esta propuesta no viene sobrando, en vista de todos los recursos, humanos y económicos, de que gozan los diputados y senadores para contar con un equipo de expertos multidisciplinario, y de las facilidades que tienen a su alcance para cursar posgrados y especializaciones. Desde esta perspectiva podría decirse que en caso de ser aprobada la propuesta, podría ahorrarse mucho del dinero que hoy se invierte en cursos y asesorías.

El 29 de septiembre de 2015, EL UNIVERSAL reportó que de 498 diputados que integraban en ese momento la Cámara, 394 (79%) contaba con educación universitaria, y 104 (21%) no reportó estudios de licenciatura, lo que coloca a la 63 Legislatura como la de menor nivel educativo en la última década.

Algo inadmisible. La complejidad de la realidad mexicana obliga a los diputados y senadores a estar verdaderamente preparados para legislar.

Queda claro que el trabajo en el Congreso requiere de constantes actualizaciones, conocimientos y apoyos técnicos. Por ello habrá que seguir de cerca la discusión que traiga esta iniciativa. Es tiempo de “profesionalizar” nuestro Legislativo.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses