Alto a la tala ilegal

Editorial EL UNIVERSAL

México, uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, afronta en la actualidad un problema por demás serio en materia ambiental: la creciente tala ilegal y, a causa de ésta, la cada vez mayor deforestación de sus bosques.

Datos proporcionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revelan que existen 108 “zonas críticas forestales” vigentes en todo el país, en donde se registra la mayor incidencia de “ilícitos forestales” —tala clandestina—, de acuerdo con cifras obtenidas por EL UNIVERSAL.

Para dimensionar la magnitud del problema cabría decir que tan sólo en los últimos 15 años, Profepa aseguró 426 mil 617 metros cúbicos de madera talada clandestinamente. Además, de acuerdo con dicha dependencia, en la República sólo cinco entidades federativas están exentas de contar con “espacios críticos y de riesgo”: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit y Tabasco.

Este fenómeno, injustificable y criminal desde donde se le mire, se enmarca no obstante en una serie de cuestiones sociales y económicas como pobreza, falta de servicios e infraestructura, e ignorancia —imperantes en muchas zonas que padecen esta explotación—, pero también en la existencia de un mercado siempre ávido de la valiosa materia prima que es la madera, que no está lo suficientemente regulado y es poco vigilado —dado el tamaño de su vertiente ilegal—, y en el que también se puede hablar de una participación considerable del crimen organizado.

La prueba de todo lo anterior está en que la Profepa no es capaz de informar sobre la relación entre los metros cúbicos de madera rescatados y las zonas críticas detectadas; ni tampoco sobre el monto de la pérdida económica causada por este ilícito.

La tala ilegal está catalogada en el Código Penal federal como un delito contra el medio ambiente por el que el castigo va desde seis meses hasta nueve años de prisión y hasta 3 mil días de multa. En el reporte Combate a la tala clandestina, Profepa dio a conocer que por este delito se han puesto a disposición del Ministerio Público federal a 945 personas entre 2005 y septiembre de 2015. Muy poco, en vista del volumen que alcanza esta práctica, pero entendible si la institución encargada de proteger los bosques cuenta, como en el año 2006, con sólo 300 inspectores para vigilar las 56 millones de hectáreas de bosques y selvas del país.

El problema, según expertos, a la hora de tratar de frenar la tala ilegal es que debido justamente a que es una actividad más en la que ha incursionado el crimen organizado, su combate se torna muy complejo, pues tal práctica deja de ser únicamente un atentado contra el medio ambiente y se convierte también en un serio problema de seguridad. Evidencia de ello es que entre 1991 y 2016, 33 inspectores forestales de Profepa fueron asesinados.

Acabar con la tala clandestina pasará necesariamente por dotar a Profepa de los recursos y el respaldo necesarios para hacer frente al crimen organizado y depurar el mercado nacional de madera ilegal, pero también por concienciar sobre el tema a la población.

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