Fin a la apropiación de la UNAM

Editorial EL UNIVERSAL

Durante 16 años el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado bajo control de grupos de personas —no necesariamente se puede decir que sean estudiantes— que han utilizado el espacio con fines privados, en vez de permitir su uso para cumplir con los objetivos de enseñanza de la Universidad. La diferencia ahora es que todo indica que se ha agotado la paciencia de la comunidad universitaria. La pregunta es: ¿harán caso los gobiernos local y federal al hartazgo? ¿Preferirán heredar el problema, una vez más, al siguiente político a cargo?

Ayer el Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad la devolución del auditorio Justo Sierra por parte de los sujetos que se han apropiado del espacio. Estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades de la institución pidieron que se privilegie el diálogo antes de pensar en la intervención de la fuerza pública. Sin embargo, por la naturaleza violenta de los grupos que habitan en el sitio reclamado, cabe esperar que el desalojo sea la salida inminente.

“Hoy puede ser la última posibilidad”, añadió el rector Enrique Graue acerca de la necesidad de usar la fuerza pública una vez agotada la vía de razonar con los ocupantes del auditorio. Una realidad que una autoridad universitaria no admitiría si no contara con el respaldo mayoritario de los integrantes de la Universidad Nacional.

Algunos trasnochados dirán que una intervención del Estado sería una violación a la autonomía universitaria. No es así porque la UNAM no tiene los medios para defenderse por sí misma de actos violentos; para ello necesita a los gobiernos. Además, la autonomía es la facultad y responsabilidad de la casa de estudios de administrarse a sí misma, la libertad de la planta de académicos e investigadores para conducirse sin injerencias. Nada más.

Para los políticos nunca llegará el momento adecuado de recuperar el lugar porque existe la arraigada creencia de que todo movimiento con apariencia de estudiantil tiene un halo de inmunidad ante la opinión pública. Así fue durante décadas, pero ya no más. La resolución del conflicto universitario que llevó a una intervención de la fuerza pública en febrero de 2001 —luego de 9 meses de ocupación— rompió ese mito. Los mexicanos aprendieron en ese momento a distinguir entre una causa justa y una simulación de lucha social.

Quienes ocupan el auditorio intentarán desde ahora responder con movilizaciones y se dirán víctimas de represión, de abusos, y que todo es parte de un intento de privatización. La estrategia funcionará sólo si la comunidad universitaria cae de nuevo presa del chantaje. No parece probable.

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