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El dilema de la extradición

Editorial EL UNIVERSAL

Luego de la celebrada recaptura de El Chapo Guzmán, el gobierno de México enfrenta un serio dilema: ¿Debe la administración del presidente Enrique Peña Nieto extraditar a Estados Unidos al famoso narcotraficante, o retenerlo en nuestro país para que sea aquí donde purgue sus sentencias, aún a riesgo de una fuga más?

Este cuestionamiento no es menor, y nos lleva inevitablemente a plantear la urgencia de reconstruir el sistema penitenciario mexicano para que en el futuro, en casos de criminales de la talla de Joaquín Guzmán Loera, no sea necesario, y ni siquiera deseable, una extradición.

La Procuraduría General de la República dio a conocer que dará inicio a los procesos de extradición de El Chapo y que se notificará al líder del Cártel de Sinaloa de las dos solicitudes en su contra hechas por el gobierno de EU el 16 de junio y 31 de agosto de 2015, y validadas legalmente por la Cancillería mexicana. La PGR además informó que pese a la existencia de al menos seis amparos promovidos por la defensa de Guzmán Loera, no existe ningún mandamiento judicial que impida cumplimentar las dos órdenes de aprehensión con fines de extradición que enfrenta el capo sinaloense.

En este sentido, toca al gobierno federal, a través de la Cancillería, tomar la decisión de si el capo es o no extraditado a EU. Y para ello, habría necesariamente que tomar en cuenta las implicaciones políticas, de alcance nacional pero también internacional, que cualquiera de los dos escenarios tendrá para México.

¿Debe arriesgarse el gobierno federal a que una nueva cadena de corrupción, auspiciada por el indudable poder económico del capo, haga posible una tercera fuga, y con ello se ponga nuevamente en entredicho a las instituciones y autoridades mexicanas?, ¿en caso de extraditarlo, esto significaría una claudicación del sistema de justicia en su conjunto, y un reconocimiento de la incapacidad de éste para hacer pagar por sus delitos a un delincuente internacional como El Chapo?

Fuentes federales han dicho que la administración de Peña Nieto está dispuesta a extraditar al capo en caso de considerarlo pertinente. Esto significa un giro de 180 grados en la posición del gobierno con respecto a su anterior postura sobre el asunto.

En cualquier caso, el proceso legal podría ser largo, ya que la defensa de Guzmán ha dicho que peleará hasta las últimas consecuencias en los tribunales. Sin embargo, el verdadero centro de todo esto es, y así deben asumirlo las autoridades del sistema de procuración e impartición de justicia, la urgencia no de una depuración de dicho sistema, sino de un replanteamiento total del mismo.

Puede sonar exagerado, pero no lo es. Luego de dos escapes de un mismo personaje de penales de máxima seguridad, su tercera captura, con independencia de si finalmente se le extradita o no, debe ser vista como un nicho de oportunidad para replantear y hacer bien las cosas.

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