Hay rituales del pasado que no se han extinguido pese a la pluralidad política actual. La forma como se han elegido los asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un ejemplo y en próximos días, cuando se renueven los lugares que dejarán vacantes Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, podría repetirse esa historia... A menos que el Ejecutivo y/o el Senado decidan, ahora sí, dar explicaciones a la sociedad de por qué proponen o eligen a tal o cual perfil para integrar el máximo tribunal del país.
El próximo 30 de noviembre dejan sus cargos Sánchez Cordero y Silva Meza, pero fue hasta ayer que el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, comunicó de manera oficial al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la ausencia. Un detalle que, de manera formal, da inicio al proceso de sucesión en el recinto judicial. Ahora sí, se acabaron los pretextos para no hablar sobre el tema.
La poca luz sobre la designación abría las puertas para la discrecionalidad y los rumores, como el de que dos partidos habían acordado “repartirse” los espacios disponibles en la Corte. Curiosamente fue gracias a esa alerta y al riesgo de que el máximo tribunal se convirtiera en un espacio de cuotas, que la atención de la sociedad se centró en un tema que antes sólo interesaba a especialistas. Surgió así una oportunidad para sacar de la sombra de la suspicacia la designación de ministras o ministros y exponer, de forma abierta, las ventajas y desventajas de los perfiles que el Presidente presentará.
Una discusión así se refleja hoy en las páginas de EL UNIVERSAL, donde especialistas de muy diferentes instituciones y bagajes debatieron sobre las características que deberían tener las propuestas presidenciales. Coincidieron, primero, en la necesidad de transparentar el debate. La mayoría añadió además otros dos factores clave: que las designadas sean mujeres y que su talante sea renovador.
El Poder Judicial, a diferencia del Legislativo, ha carecido de medidas para el equilibrio de posiciones entre géneros. Se puede argumentar que la razón de ser del primero no es ser representante popular y, por lo tanto, la pluralidad de su integración es menos importante. Sin embargo, la realidad es que se trata de un espacio de poder del cual no debería excluirse a la mitad de la población.
Pero más importante, dicen las y los expertos consultados, es que lleguen a la Corte personas con la convicción de renovar una institución ensimismada en procedimientos ajenos al interés público. No lo harán si le deben el cargo a los políticos que los eligieron. De ahí la necesidad de que quien descarte o avale las propuestas sea la sociedad en un debate abierto.
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