Compra-venta de condenas

A pesar de que a El Chapo no se le quería extraditar en un principio, cuando estaba aún preso, el método nunca dejó de aplicarse. Durante los últimos 3 años se ha concedido 94% de las solicitudes de extradición desde Estados Unidos. En principio, a la luz de lo ocurrido con el capo, podría parecer buena idea. Sin embargo, si se da seguimiento a lo que ocurre con esos criminales quizá habría que replantear el procedimiento.

Una investigación realizada por EL UNIVERSAL revela que en la última década 922 delincuentes mexicanos —principalmente narcotraficantes de alto perfil— han sido extraditados a EU, país en el que a cambio de grandes sumas de dinero y confesiones se les rebajan las penas. Moralmente cuestionable, incluso si suponemos que los beneficios dados a los criminales realmente sirven para minar el crimen.

El ejemplo más ilustrativo es el de los tres hermanos Arellano Félix, quienes cedieron a la administración encabezada por Barack Obama un total de 200 millones de dólares, que sirvieron para que Benjamín Arellano pagara una condena de 20 años, a pesar de que, se dijo, tendría cadena perpetua. Francisco Javier Arellano supuestamente sufriría pena de muerte. En cambio, pasará en prisión 23 años. Sobre este último pesaban cargos no solo por transportación y compra de droga, sino asesinato y secuestro. ¿Algunos millones de dólares e información valen la impunidad?

Dirán las autoridades estadounidenses que el fin último es combatir al crimen y proteger a la ciudadania. Hablarán de la suya, mas no de la ciudadanía latinoamericana, porque durante 40 años ha mantenido una guerra contra las drogas —forzando a los países del sur a seguir la misma ruta— que en esta región no ha causado más que violencia y muerte. ¿O cuál de las extradiciones a Estados Unidos ha tenido un efecto de paz? Más que probado está que todos los capos y organizaciones crimínales son sustituibles.

Al gobierno de Estados Unidos no le gustó que le cerraran la puerta de varias dependencias federales mexicanas cuando llegó la administración de Enrique Peña Nieto. Se sentía más cómodo con una cooperación abierta. Pero la única manera en que un país soberano puede admitir injerencia en asuntos internos es si el extranjero va tras los mismos objetivos. No está claro que ese sea el caso del sistema de justicia estadounidense en su relación con México.